La UE acuerda la reducción de los plaguicidas y reemplazarlos por alternativas menos nocivas

Según la información de la Oficina en España del Parlamento Europeo tras someterse y aprobar ayer en pleno de la Eurocámara la normativa sobre fitosanitarios: "La nueva norma prohibe el uso de varias sustancias químicas muy tóxicas en la fabricación de los productos fitosanitarios y exige reemplazarlas por alternativas menos peligrosas. También se reduce la cantidad de pesticidas utilizados, prohibiendo en muchos casos la pulverización aérea y el uso de los productos cerca de parques, ríos y lagos. Los países tendrán de 18 a 24 meses para aplicar las nuevas normas".

La eurodiputada socialista Mabel Salinas señaló que se ha logrado llegar a un equilibrio entre todos los intereses en juego. Frente a las iniciales pretensiones de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que estimaba la reducción de pesticidas en torno al 80%, se ha llegado finalmente a un compromiso que permitirá ir adaptándose paulatinamente a la nueva normativa, sin que se resienta la cantidad y calidad de la producción. Al final, serán los estados miembros quienes adopten en sus planes nacionales los objetivos tanto de reducción del riesgo como del uso, no estableciendo ningún requisito ni en porcentaje ni en periodo.

Pero las organizaciones agrarias no están plenamente satisfechas. Coag considera imprescindible una moratoria que permita ganar tiempo para investigar otras sustancias activas con eficacia similar a las que se planea eliminar, o bien otro métodos de control no químicos, y la realización de un estudio de impacto socioeconómico y medioambiental de la aplicación de la normativa. En este sentido, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas expone que en relación con cada una de las medidas propuestas en el proyecto de directiva, se han examinado de tres a cinco opciones de medidas voluntarias y obligatorias en cuanto a su impacto económico, social y ambiental sobre los diferentes interesados y autoridades. Además se ha estudiado una situación sin intervención como referencia con la que contrastar los costes y beneficios previstos que se derivarían de las medidas propuestas.

Coag también reclama que se refuercen los controles en frontera, para impedir la entrada de productos de terceros países que utilizan productos prohibidos en la UE. Para Asaja, esta legislación supone para la agricultura europea una merma adicional de competitividad, más en la mediterránea donde los cultivos menores serán los más perjudicados, al no resultar rentable para las compañías fabricantes de plaguicidas.

La norma establece tres zonas en Europa a la hora de autorizar los productos fitosanitarios y el reconocimiento mutuo, es decir, que el registro de un plaguicida en un país tiene autorización en los países con los que comparte zona. Según el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, España pertenece a la zona C-Sur junto a Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Malta y Portugal.