El confinamiento provocado por el coronavirus ha supuesto un impulso acelerado y obligado del teletrabajo, una realidad que es necesario impulsar desde la negociación colectiva y el diálogo social. 

Solo el 4,16% de los convenios firmados en 2019 regulan condiciones de teletrabajo, y generalmente asociándolo a la conciliación familiar y laboral. 

Es necesario articular una serie de medidas que permitan que el teletrabajo se lleve a cabo respetando los derechos laborales, como serian facilitar medios a los trabajadores y trabajadoras para poder teletrabajar, acordar mecanismos para hacer posible el registro horario y el derecho a la desconexión digital asi como fomentar la formación en competencias digitales. 

El teletrabajo hasta ahora no ha sido una opción para nuestras empresas y que a pesar de las reiteradas demandas de UGT para abordar desde el diálogo social y el consenso los retos de la economía digital, que incluye al teletrabajo, España sigue siendo uno de los países más retrasados en afrontar esta realidad. Por eso, quizás el teletrabajo, eso sí regulado adecuadamente, sea una oportunidad para impulsar este debate y para hacer posible la conciliación de la vida familiar y laboral, cuestión para la que ahora mismo no es suficiente, ni válido. 

UGT ha denunciado reiteradamente las deficiencias de nuestro país en materia digital: falta de formación en competencias digitales de los trabajadores y trabajadoras, las diversas brechas digitales teniendo en cuenta el género, la edad, el lugar de residencia y por supuesto los medios económicos, y ha reiterado la necesidad de un gran pacto para afrontar los retos del proceso de digitalización en el ámbito laboral y social, porque ya llegamos tarde. Y en este terreno entra el teletrabajo. 

Carmen Vidal, Sa Gral. De UGT Almería, insta a impulsar en la negociación colectiva y en el ámbito del diálogo social bipartito, entre patronal y sindicatos, acuerdos que faciliten y regulen el teletrabajo. “Estos acuerdos, que posteriormente se deben trasladar al ámbito del diálogo social con el Gobierno, para establecer una normativa que regule adecuadamente el teletrabajo, porque es una oportunidad para las empresas y para los trabajadores y trabajadoras y es una herramienta real que facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar”.