La realidad en la que viven las personas mayores en Andalucía dista mucho de asemejarse al concepto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende como envejecimiento activo y que no es otro que el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.

Uno de los aspectos que mejor define ese objetivo es el de “disponer de un sistema público de atención a las personas dependientes de calidad y dentro de una red de residencias que atiendan dignamente a aquellas personas, mayores en su mayoría, que precisan de esa prestación”.

En cambio, ambas fuerzas sindicales apuntan a que los datos de atención a la dependencia en la comunidad andaluza, “reflejan una situación muy difícil, deficitaria y preocupante”. De las 44.069 personas dependiente pendientes de la resolución de su situación, 27.382 esperan el plazo legal de seis meses que tiene la Junta para resolver, llegando muchos a una demora de 18 meses.

Como explican los sindicatos “esa situación ha generado que el 33% de las personas que han solicitado la prestación haya fallecido, antes incluso de ser valoradas”. “Aún es más preocupante que de las 34.756 andaluzas y andaluces con la resolución de grado aprobada, 25.965 lleven más de seis meses para la resolución de la prestación que le corresponde aun habiéndole sido reconocido el derecho”, denuncia la federación de Pensionistas y Jubilados.

En lo que respecta a las residencias de mayores, desde UGT y CCOO Almeria señalan que “la situación es absolutamente deficitaria”. “Hoy podemos afirmar que la práctica totalidad de las plazas públicas de Andalucía están ocupadas y que para acabar con las listas de espera, serían necesarias a corto plazo 2.860 plazas”