Los agricultores y ganaderos de la provincia de Almería recorrerán en caravana de coches y tractores la comarca de Los Vélez el próximo 13 de mayo para reivindicar una Política Agraria Común (PAC) más justa. Las tres organizaciones agrarias más representativas: Asaja, Coag y UPA retoman así las movilizaciones que emprendieron a inicios del pasado año y que se vieron truncadas por la crisis sanitaria, “paramos las movilizaciones por responsabilidad, pero no las reivindicaciones”, dice Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería, quien añade que la crisis de rentabilidad perdura.

El campo almeriense mira al presente y al futuro. En cuanto al momento actual, solicita la la retirada del Decreto de Convergencia brusca de la PAC para 2021-2022. Como recuerdan las organizaciones, en el marco actual 2014-2020, se implantó un sistema de convergencia desde el año 2015, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados. Sin embargo, en plena elaboración y reforma de la nueva PAC para 2023, se ha publicado el Real Decreto 41/2021, para 2021 y 2022, elaborado a espaldas del sector y que afecta especialmente y de forma más acusada a los ganaderos con un descenso de alrededor del 15% en sus ingresos esta campaña. En este sentido, Antonio Navarro, presidente de Asaja Almería, explica que esta provincia es una gran perjudicada por el decreto que aprobó el Ministerio de Agricultura, sobre todo, quienes cuenten con explotaciones mixtas como son los ganaderos (con ganado por un lado y tierra para pasto por otro), “si el sector ganadero cae, qué será del pueblo de interior”, reflexiona.

Por su parte Góngora apunta a la pretensión de desmantelar el modelo de agricultor y ganadero mayoritario en la provincia, “quieren que la alimentación caiga en fondos de inversión. Por ello reclamamos el derecho a una PAC justa; los fondos públicos son necesarios para nuestro sector”. Asimismo señala que no todo en la política comunitaria tiene que venir de las ayudas y así insiste en que deben abordarse los problemas de mercado para que los agricultores y ganaderos obtengan una renta digna y, “podamos vivir de nuestro trabajo”. “Le vamos a poner deberes al ministro: que se alinee con los fondos de inversión o con a las explotaciones familiares”.

Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, recuerda que hace ya más de 30 años, la PAC establecía los rendimientos por comarcas, “Almería es la menos productiva a la hora de recibir subvenciones”, indica. Como ejemplo expone que en este territorio se ayuda con 80 euros por hectárea en cereal, mientras en otras zonas se alcanzan los 600 euros; en el caso del almendro son 120 euros por hectárea y en otros territorios se llega a los 700 euros, “por lo que queremos una PAC justa en que que se reconozcan las zonas de interior. Si no hay precio ni respaldo de ayudas, la Almería del interior será vacía, no porque lo esté, sino porque la abandonen”.

Las tres organizaciones explican que en Almería la inmensa mayoría de los beneficiarios de la PAC viven en zonas rurales del interior, donde en muchos casos se combinan explotaciones agrícolas con otros trabajos. Hay más de 5.500 beneficiarios, que gracias a la PAC, pueden mantener sus explotaciones agropecuarias, favoreciendo la fijación de la población al territorio, manteniendo el entorno y favoreciendo la biodiversidad. Por ello plantean que la política comunitaria más allá del 2023 proteja el modelo sobre el que se viene trabajando, modificando aquellos aspectos que ponen dificultades o desincentivan el mantenimiento de las explotaciones. 

Entre otras cuestiones mencionadas, Asaja, Coag y UPA también solicitan que se reflexione la nueva definición de agricultor genuino, de forma que se evite la exclusión de muchos agricultores y ganaderos del sistema de Pago Básico; que frene la burocratización de la PAC, y en lo relativo a nuevas exigencias como son los ecoesquemas, no los convierta en un mecanismo de difícil acceso que suponga una mayor pérdida de renta de nuestros agricultores y ganaderos; y que la PAC refuerce el papel de los agricultores y les proporcione herramientas eficaces y ágiles para hacer frente a las crisis de precios y a la competencia desleal procedente de las importaciones de países terceros.