Hasta que un juez no emite sentencia debe prevalecer la presunción de inocencia. A ésta es a la que se acogen los acusados por el caso Rambla Morales. Ayer estaban llamados a declarar el ex presidente de la comunidad de regantes, Antonio García, así como otras cinco personas más, después de que la actual Junta Directiva, que preside Juan Garrido, les interpusiese una querella por estafa, falsedad de documento público y privado, apropiación indebida y delitos societarios y contra la Hacienda Pública. Los máximos representantes actuales de la comunidad señalan que Antonio García firmó y autorizó, sin conocimiento y aprobación de la asamblea, contratos con proveedores con objeto duplicado, inexistente o innecesario en otros casos, por cuantiosas sumas de dinero y que fueron pagados con cargo al crédito que le había otorgado La Caixa, que debía ir destinado únicamente a sufragar las obras. La Comunidad de Regantes Rambla Morales, según informó en enero en un comunicado, estima que el daño causado excede de los 30 millones de euros, dinero que reclama.

La cita era a las 11:00 horas, si bien, la toma de declaración se retrasó bastantes minutos, y no concluiría hasta casi las 14:00 horas. Uno de los acusados manifestó no entender cómo después de tanto tiempo se interpone una querella y a cuento de qué. "La actual Junta se creó a base de movilizaciones y carteles, si su intención era aclarar todas las cuentas y si en un principio vieron irregularidades por qué no hablaron hace dos años. Yo he trabajado durante años por un proyecto sin ningún interés personal con independencia de quien estuviese al frente". Este acusado coincide con el ex presidente García Pardo a la hora de señalar que todos los comuneros estaban informados de las decisiones tomadas y aseguran que todo estaba en regla, "¿cómo si no grandes empresas se iban a involucrar en el proyecto y una entidad financiera iba a conceder un préstamo?", se preguntan, además el ex presidente indica que cuando se aprobaban asuntos los comuneros eran informados por carta y todas las cuentas están auditadas.

Lo cierto es que el asunto no huele nada bien. Por un lado, la actual Junta Directiva acusa a los representantes anteriores de estafar a los comuneros, por otro, como parte contraria los acusados mantienen su inocencia y, mientras, La Caixa está pendiente de cobrar una cuantiosa cuantía prestada para la construcción de la desaladora.

Tras la moción de censura contra la anterior Junta Directiva en 2008 y la renovación de la misma con Juan Garrido al frente en 2009, los mayores esfuerzos de este órgano se han vertido en la venta de la desaladora por considerarla un caudal de pérdidas para los más de medio millar de regantes de Rambla Morales que cultivan alrededor de 3.300 hectáreas en los términos municipales de Níjar y Almería. Los comuneros aprobaron en septiembre de 2010 la venta de la desaladora y la red en alta hasta el Kilómetro 21 a la sociedad estatal Acuamed, sin embargo, en la celebración de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 15 de enero, esta operación se paralizó.

Dos voces, que representan a los comuneros, la Plataforma de Afectados por Rambla Morales y la Asociación de Perjudicados por la Comunidad, piden transparencia. Bonifacio Berenguel, presidente del segundo colectivo, pidió en enero que respondan los que acordaron su construcción: "¿Quién pidió el préstamos que es imposible pagar? ¿Quién avaló para su construcción?".