Todas las empresas almerienses que tengan más de medio centenar de empleados, que según el balance presentado por Analistas Económicos de Andalucía son cerca de un centenar, deberán tener a partir de este viernes un 'chivato' que permita a los trabajadores denunciar irregularidades normativas o casos de corrupción en la empresa, una medida que busca cumplir con la Ley 2/2023 de Protección de Informantes en España. El Gobierno busca ampliar un canal de denuncias que hasta ahora se presentaba solo en un reducido canal de denuncias y que llegará ahora a las pymes. 

La intención es que el procedimiento sea un paso previo a judicializar los conflictos provocados por infracciones que puedan perjudicar el día a día del negocio y que ha recibido ya, en comunidades como Cataluña, críticas por el coste que va a suponer para los empresarios. Para su implementación será necesario contratar el sistema informático que recoja las denuncias y un equipo de encargados de examinar la veracidad de cada queja, evitando el conflicto de interés. El buzón se abre obligatoriamente para los empleados aunque podría tener, así lo recoge la norma, ampliación a otros participantes del negocio como proveedores o clientes.

Quedarán exentas de comprar este peculiar 'chivato' aquellas empresas que no cuenten con, al menos, medio centenar de empleados, que son mayoría en la provincia. Según el informe, en el 54% de los negocios de la provincia solo trabaja su dueño y en un 42,3% apenas llegan a una decena de trabajadores. Para el centenar de empresas almerienses que están obligadas a llevar a cabo este nuevo canal de denuncias y no lo hagan, la ley recoge multas que podrían llegar al millón de euros en los casos más graves así como vetos en las subvenciones de hasta cuatro años.

El origen de estos nuevos mecanismos que llegan ahora a la provincia están en una directiva europea de 2019, que obligaba a los países a crear nuevos procedimientos para las denuncias de trabajadores, aplicando a la legislación correspondiente ese plan. En España es obligatoria, por ley, que la denuncia pueda ser confidencial y anónima.