El 'descabezamiento' de Rambla Morales perjudica a la comunidad
La renuncia de Iluminada Fernández como máxima responsable provoca que el juicio por estafa que tenía pendiente el expresidente Antonio García Pardo y dos trabajadoras de la comunidad se suspenda
La renunicia presentada ante la Agencia Andaluza del Agua de Iluminada Fernández como presidenta de la Comunidad de Regantes Rambla Morales está haciendo más daño, si cabe, a este colectivo, siendo favorable al expresidente Antonio García Pardo. Hace dos semanas estaba prevista la celebración de un juicio penal en la Audiencia Provincial de Almería, en la que se pedían 11 meses de prisión por estafa para García Pardo y las dos únicas trabajadoras con contrato laboral indefinido en la comunidad de regantes en la etapa del citado, Rocío Fierro y Gema Muñoz.
Según el escrito de acusación de la comunidad y el fiscal, los hechos se remontan a 2008. De acuerdo al texto, poco más de un mes antes de las elecciones de la comunidad en las que García Pardo dejaría de ser presidente incrementó las retribuciones a las dos trabajadoras para de mutuo acuerdo realizar un despido improcedente y cobraran la indeminazación en perjuicio de la comunidad cuando no había ninguna causa para dicho despido.
Conforme al documento, García Pardo no tenía ya atribuciones para despedir, eso corerspondería a la junta de gobierno. Los tres acusados redactaron los documentos en los que hicieron constar la fecha del 13 de octubre de 2008 como la del despido y poniendo fin de contrato el 31 de dicho mes, día en que se elegía nuevo presidente. Estas actuaciones no se comunicaron a ningún miembro u órgano del colectivo de regantes. El 3 de noviembre cuando ya el acusado no era presidente firmó los despedidos como si lo fuera.
Ahora este juicio se ha suspendido, puesto que se había requerido una información a la comunidad que ahora, al no haber presidenta, nadie da.
Paralelamente, en otro proceso, las acusadas reclaman la indemnización de 46.078,35 euros y 15.568,75 euros, respectivamente, más el 10% en concepto de interés legal por demora que correspondería al despido improcedente atendiendo a la antigüedad de los contratos de trabajo. Este juicio, celebrado el jueves, y al que asistió García Pardo como testigo pero nadie de la comunidad, ha quedado visto para sentencia.
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