La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, ha querido arrojar luz sobre las modificaciones de la Ley de la Cadena implantada el pasado mes de febrero, que fue tomada como un triunfo para las organizaciones agrarias en representación de los agricultores como el eslabón más débil y afectado de los caprichos del mercado agroalimentario, y cuyo principal cambio establece un precio mínimo de venta por parte del productor que nunca puede estar debajo del coste de producción. Un precio objetivo en el que se tienen en cuenta todos los insumos que forman la configuración de lo que le cuesta al agricultor producir un kilo de un cultivo determinado. Sin embargo, la representante de las cooperativas, al igual que hiciera recientemente la de las empresas (Ecohal), asegura que las consecuencias de su aplicación real serán catastróficas precisamente para ellos.

Pese a que tanto Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, y su consejero delegado, Juan Colomina, entienden la buena intención del Gobierno en esta medida, explican que no han sabido medir sus consecuencias y no se han dejado asesorar por todos los actores intervinientes de la cadena.

“No se ha consensuado con el sector, es una reforma precipitada y, además, el hecho de que solo se aplica solo a empresas y productores españoles nos sitúa en una clara desventaja competitiva con respecto a terceros países, sin cumplir sus propósito que es el de salvaguardar a los agricultores y las empresas comercializadoras”, explica Fernández, quien adelanta que ya han pedido expresamente al Gobierno una orden que desarrolle la Ley donde haya un consenso objetivo para su propósito, el de protección al eslabón más débil. Y es que, tal y como funciona en estos momentos el mercado, esta normativa va llevar a la proliferación de multas por su difícil cumplimiento, ya que los productores se encontrarán la coyuntura a lo largo de la campaña de que o venden por debajo del precio impuesto en base a sus insumos, o no pueden hacerlo, con las pérdidas que eso conllevaría. Y, eso, sin solución de continuidad. Avisan, por ello, que puede acarrear situaciones de ilegalidad para salvaguardar ingresos y este sería un fenómeno que no es precisamente el que persigue esta legislación.

Es una evidencia que el agricultor quiere vender por encima del coste efectivo, pero a la hora de establecerlos es cuando viene el problema, ya que estos son siempre variables y es un mercado abierto el que tiene que comprarlos, existiendo una competencia que los tiene menores y que no están regidos por esta norma.

La situación de pandemia por COVID-19 ha dado lugar a que, pese a estar implantada desde febrero, no se ha hecho un seguimiento real de la misma. No se ha controlado y por tanto no se han dado sanciones por incumplimiento. “El problema vendrá después porque las consecuencias que se derivarán van a ser muy graves. La situación será difícil”, lamenta Colomina, quien espera que el Gobierno de marcha atrás o al menos tenga en cuenta las alegaciones para desarrollar una alternativa más viable.

“El mercado es muy complejo y ser intervencionista suele tener consecuencias, normalmente negativas. Por ello, deben ser las interprofesionales, con representación de todos los eslabones de la cadena, donde primero se consensuen este tipo de decisiones junto con el Gobierno”.

“Llevamos más de 20 años intentando ser competitivos bajando el coste de los insumos y al tiempo aumentando la calidad, pero una norma como esta desbarata el trabajo de tanto tiempo”.

Colomina va más allá, y cree que la forma más efectiva de ayudar al agricultor sería instaurando un modelo similar al del cereal o el olivar, donde una parte de su cultivo está subsidiado, de esta manera se aseguran amortiguar las pérdidas por la volatilidad de los mercados y asegurar así su trabajo.