La pesca del Mediterráneo se verá afectada por la prohibición de descartes

A pesar de que la Administración advertía de que actuaría para adaptar el reglamento, lo cierto es que hasta el momento nada se ha hecho. El próximo 1 de enero de 2015 entrará en vigor la norma de prohibición de descartes, entendiéndose por los mismos las capturas que carecen de valor comercial, incluida en la Política Pesquera Comunitaria (PPC) para el segmento de pesca de cerco, mientras que para el de arrastre se hará efectiva en enero de 2017.

"Bruselas aplica las mismas políticas en el Norte y Sur siendo la actividad pesquera diferente, ya que en los países del Norte es industrial", dice José María Gallart, gerente de Asopesca. La nueva medida implica que los descartes capturados deberán ser desembarcados y destinados a su destrucción o transformación. De acuerdo a las palabras de Gallart, esto tiene sentido en la pesca industrial y de arrastre cuando el pescado capturado está muerto, pero no en la de cerco, cuando se cerca a los peces con una red en el mar y si se observa que por su tamaño no son comercializables se sueltan estando vivos.

"Con esta norma, todo el pescado que esté en la red debe ser introducido en el barco sin posibilidad de soltarlo al mar y esto tiene varias consecuencias negativas", explica el gerente de Asopesca, quien añade que actualmente el 100% de las extracciones en el litoral español es comercializable. Por un lado, al impedir la suelta al mar de especies pequeñas se compromete el futuro de la pesca, puesto que se impide su captura en el momento que adquiera un tamaño óptimo así como su reproducción. Por otro lado, el hecho de cargar el buque con descartes limita la capacidad del mismo para un volumen de pesca comercializable por lo que los pescadores pierden rentabilidad, objetivo que en teoría persigue la PPC y que, por tanto, es contrario a los resultados de la aplicación de la norma en el Mediterráneo. Por último, las alternativas que oferta la norma: destrucción o transformación implican un sobrecoste inasumible para el sector. En este sentido, según Gallart, para la destrucción de los descartes habría que contar con un vertedero debidamente autorizado y para la transformación sólo existen cuatro fábricas en España, una de ellas en Tarifa, por lo que habría que sumar, además, el coste del transporte.

El sector, y en concreto Asopesca, demanda al Gobierno que actúe y desarrolle esta medida de acuerdo a la realidad de la actividad pesquera en el Mediterráneo. Mientras tanto, la asociación no está de brazos cruzados sino que está en contacto con distintas instituciones de formación e investigación para llevar a cabo proyectos conjuntos para mejorar el conocimiento en este aspecto y buscar usos alternativos de los descartes que sean más rentables.