Juan Bretones, arquitecto técnico y once años en abuso de temporalidad; María Victoria, trabajadora social y 14 años; Leonardo, arquitecto y 21 años; Goreti, arquitecta técnica y 14 años; Antonio Luis Ruiz, auxiliar administrativo y 11 años; Nacho Verti, arquitecto y más de 14 años…; estos son solo algunos de los trabajadores públicos interinos, personas que han querido dar la cara con nombre y apellidos para que la sociedad almeriense conozca la situación en la que viven de abuso de temporalidad por el incumplimiento de las administraciones públicas y por la no aplicación de la justicia ante los casos denunciados.

Esta ha sido la última medida desarrollada por la Plataforma AEEPA (Almería por la Estabilidad del Empleado Público en Abuso) para dar voz y visibilidad a un problema que cuenta con todos los elementos para solucionarse, pero al que de momento no se le pone remedio. Todos los nombrados son trabajadores de la Diputación Provincial de Almería, que cuenta con casi un centenar de personas en esta situación, pero se trata de un mal endémico que afecta y padecen trabajadores prácticamente todas las instituciones y que en España asciende a los 800.000 casos.

Los partidos políticos almerienses han mostrado desde el inicio de este 2021 su apoyo a la causa de estos trabajadores, incluso el propio presidente de la Diputación Javier A. García, del que los afectados han facilitado el vídeo de una reunión en el que reconoce “la angustia que sienten después de tantos años. Me parece muy injusto lo que se les está haciendo a estos funcionarios interinos, que se merecen que sean fijos ya, sin hacer ningún tipo de examen, pues han mostrado su valía más que de sobra. Pero les tengo que decir a todos ellos que el Gobierno de España no me deja hacerlo y estamos exigiéndoles que lo hagan. El Gobierno se comprometió en septiembre a cambiar la Ley y aún no lo ha hecho. Os digo de corazón que con un solo informe de un jurista de esta Diputación que me permita haceros fijos sin necesidad de examen lo firmo ahora mismo; pero nadie me lo quiere hacer”, explica García interpelando directamente al casi centenar de trabajadores en estas circunstancias de la administración provincial.

Piden la consolidación de sus empleos, algo apoyado por buena parte de los juristas, más aún cuando la administración no podría compensarlos a todos por el tiempo en fraude de Ley.