El sector pesquero reclama medidas realistas para aplicar el reglamento europeo

No sale de uno, cuando el sector pesquero se ve envuelto en otro. La última medida que lastra el trabajo de los pescadores españoles son eterminadas obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que entró ayer en vigor, y que, en su actual formulación, apunta el sector, resultan de difícil o imposible cumplimiento para una parte significativa de la flota que opera en caladeros nacionales, europeos e internacionales.

En concreto, el sector reclama, en sendos escritos remitidos al MAPA, que no se elimine el umbral mínimo de 50 Kg para la declaración de capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y que no se establezca un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto. Según los pescadores, ambas medidas vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y control basado en el riesgo recogidos en la normativa comunitaria.

A juicio del sector, la eliminación del actual umbral mínimo de 50 Kg para la declaración de capturas supone una obligación técnicamente inviable para numerosas embarcaciones. La flota, asegura Cepesca, no dispone de sistemas de pesaje a bordo ni de medios que permitan identificar y cuantificar con precisión capturas de pequeño volumen por especie durante la faena.

Cabe recordar que, en la práctica, estas cantidades no se individualizan ni pueden estimarse con fiabilidad en el mar y solo se determinan tras el pesaje oficial en puerto. A juicio del sector, obligar a su declaración convierte el DPE en un ejercicio de aproximación sin base técnica, contradiciendo la propia lógica del Reglamento de Control, que reconoce expresamente que los datos consignados a bordo son estimaciones sujetas a márgenes de tolerancia.

El sector considera que la obligación de declarar capturas desde el primer kilogramo multiplicará exponencialmente el número de registros obligatorios por marea y el riesgo de discrepancias entre las estimaciones a bordo y los datos definitivos en puerto. Este efecto, apuntan los pescadores, tendrá un impacto sancionador desproporcionado, especialmente en relación con especies accesorias de escaso valor comercial y sin relevancia para la gestión de los stocks.

Desde el sector se advierte de que esta deriva sancionadora desviará el control pesquero hacia incumplimientos meramente formales, sin aportar mejoras reales en términos de conservación, trazabilidad o lucha contra la pesca ilegal.