El tiempo pasa sin que se den pasos para la salvaguarda del sector hotelero en Andalucía. A la incidencia de las medidas para contener la expansión del coronavirus se suma la mirada hacia otro lado del gobierno autonómico. El presidente de Senator Hotels & Resorts, José María Rossell, insiste a la Junta de Andalucía en la necesidad urgente de que las ayudas lleguen también a las grandes empresas, ya que hasta ahora han ido destinadas exclusivamente a las pymes. De este modo, apremia a la Administración autonómica a que las mismas estén cuanto antes para evitar que grandes firmas se queden por el camino.

Este asunto no debería ser baladí para la Junta que, con su pasividad en el asunto, hace sentirse huérfano al sector hotelero andaluz. Y es que el turismo es una de las industrias más relevantes en la comunidad autónoma y representó el 13% de su PIB (producto interior bruto) en 2019. Tal como expone un informe elaborado por la consultora KPMG sobre el impacto de la COVID-19 en el sector hotelero de Andalucía y propuestas de medidas para su supervivencia, del que se hizo eco este diario en noviembre, la hotelería acumulará como mínimo entre 12 y 16 meses de crisis prolongada antes de hablar de inicio de recuperación, los resultados negativos y el crecimiento de la deuda suponen un serio problema de solvencia y, a día de hoy, la ratio de endeudamiento ha crecido hasta 15 veces el Ebitda del pasado ejercicio. Esta situación en los hoteles conlleva su impacto en el empleo y es que, de acuerdo al estudio, que está en manos de la Administración autonómica desde hace en tono a un mes, solo los 1.019 establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas generan alrededor de 103.340 puestos de trabajo directos y un total de 392.692 sumando los indirectos.

Un hotel vacacional cerrado de 4 o 5 estrellas supone unos 80.000 euros mensuales de gastos y muchos llevan un año en esta situación

Hasta el momento las únicas medidas adoptadas que afectan al sector hotelero, como a otros colectivos, son la línea de avales del Estado (ICO) puesta a disposición de las empresas para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 y la posibilidad de expedientes de regulación de empleo (ERTE) por este motivo. Rossell, cuya cadena hotelera cuenta con 28 establecimientos en Andalucía de los que mantiene abiertos dos a expensas de su viabilidad en los próximos meses, reclama subvenciones a fondo perdido para el sector, como ya se está haciendo en otros países europeos, y afirma que la situación de las empresas hoteleras es insostenible, al no tener ingresos ni contar con el respaldo de las entidades bancarias, que no facilitan las ayudas solicitadas.

El documento de KPMG alerta de que se requieren 177 millones de euros a fondo perdido para garantizar la supervivencia de los hoteles de entre 3 y 5 estrellas en Andalucía asegurando así la capacidad y calidad del destino. Para una segunda fase de recuperación, el documento expone la necesidad de diseñar una batería de proyectos susceptibles de encajar en el programa Next Generation de la Unión Europea, que prevé destinar 140.000 millones de euros a España, de los cuales un mínimo de 25.700 millones deberían ir destinados al sector turístico.

Actualmente, la mayor parte de la planta hotelera de la comunidad autónoma está cerrada, pero el cero en ingresos no tiene su correlación en cero gasto. Así, un hotel vacacional cerrado de 4 o 5 estrellas, dependiendo de la ubicación y de las instalaciones, supone unos 80.000 euros mensuales de gastos, según responsables de establecimientos hoteleros de Andalucía, y hay que tener en cuenta que algunos llevan ya un año en esta situación.