Andalucía encara un curso decisivo en política medioambiental

Andalucía vive un momento clave en la configuración de su marco normativo ambiental. A lo largo de 2025, el Gobierno autonómico y el Parlamento andaluz han puesto en marcha varios proyectos legislativos que, de culminar en el plazo de un año, definirán el futuro de la gestión del territorio, la protección de los recursos naturales y la transición hacia una economía más sostenible. Entre ellos destacan la futura Ley de Agentes de Medio Ambiente, la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía y la Ley de Producción Ecológica y otras certificadas, que se suman a reglamentos ya aprobados en materia de contaminación lumínica y acústica, y a iniciativas estatales tan relevantes como la renaturalización de suelos agrícolas en el entorno de Doñana.

Una nueva estructura de vigilancia ambiental

El proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio y en tramitación parlamentaria, supone una reforma estructural sin precedentes. La norma plantea la creación de cuatro cuerpos especializados —Superiores, Ejecutivos, Técnicos y Operativos—, con la consideración de agentes de la autoridad. Estos profesionales estarán facultados no solo para ejercer funciones de inspección y custodia, sino también para actuar como policía administrativa especial e incluso como policía judicial genérica en determinados casos.

La Junta defiende que este cambio permitirá reforzar la lucha contra los delitos ambientales y mejorar la respuesta institucional en materia de vigilancia forestal, conservación de fauna y flora, gestión de espacios naturales o control de vertidos ilegales.

Modernizar el marco legal

Otro de los proyectos en cartera es el anteproyecto de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), que busca actualizar y simplificar los procedimientos recogidos en la actual Ley GICA de 2007. La reforma pretende agilizar las evaluaciones de impacto ambiental, adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal y europea, y dotar de mayor seguridad jurídica a empresas, administraciones y ciudadanía. Entre las novedades previstas figura la regulación de la evaluación ambiental simplificada, que permitirá filtrar proyectos en función de su impacto real, reduciendo burocracia sin rebajar garantías.

La Consejería de Sostenibilidad considera esta reforma estratégica para responder a los retos que plantea el cambio climático, la transición energética y la gestión sostenible del suelo y el agua. Su aprobación en los próximos meses resultará crucial para dotar de coherencia al marco legal andaluz en un momento de fuerte presión sobre los recursos naturales.

Impulso a la producción ecológica

Entre las medidas recientes aprobadas y de aplicación inmediata está el Proyecto de Ley para la Producción Ecológica y otras certificadas, cuyo objetivo es promover el consumo, la investigación y la digitalización de este modelo productivo tanto en la agricultura como en la pesca y la acuicultura. La ley andaluza de impulso de la producción ecológica supera su debate de totalidad en el Parlamento. El proyecto de Ley superó el pasado junio el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento sin votos en contra, ya que ningún grupo había registrado enmienda de totalidad frente a esta iniciativa.

La norma prevé favorecer la incorporación de alimentos ecológicos en contratos públicos, impulsar la innovación en sostenibilidad y bienestar animal, y reconocer el papel de las entidades más comprometidas en este sector.

Con esta iniciativa, Andalucía refuerza su posición como referente europeo en producción ecológica, un ámbito en el que ya lidera en superficie cultivada, y busca avanzar hacia un modelo de economía circular que integre criterios ambientales, sociales y de mercado.

Nuevos reglamentos en vigor

Más allá de los proyectos legislativos, en 2025 ya se han aprobado dos normas de calado. El Decreto 37/2025, en vigor desde febrero, regula la protección frente a la contaminación lumínica, con criterios estrictos para el alumbrado público y privado. El objetivo es preservar el cielo nocturno, reducir emisiones innecesarias y mejorar la eficiencia energética. De hecho, en Córdoba se ha impugnado un contrato municipal por no respetar este nuevo marco normativo.

Ese mismo mes, la Junta aprobó también el Decreto 50/2025 sobre calidad acústica, que establece directrices para prevenir y evaluar la contaminación sonora, integrando aspectos de salud, urbanismo y ordenación territorial. Ambas normas sitúan a Andalucía en la vanguardia regulatoria en ámbitos cada vez más presentes en la agenda europea.

Doñana, epicentro de la restauración ecológica

El esfuerzo normativo autonómico se complementa con iniciativas estatales. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió en agosto una consulta pública para una convocatoria de ayudas dotada con 28,5 millones de euros destinada a la renaturalización de suelos agrícolas en el entorno de Doñana. El programa, enmarcado en el Pacto por Doñana, prevé subvenciones de hasta 70.000 euros por hectárea para promover la recuperación de ecosistemas en una de las áreas más presionadas de Europa por el cambio climático y la sobreexplotación hídrica.