El Consejo Constitucional francés rechazó este miércoles una nueva solicitud para que la reforma de las pensiones que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años sea sometida a un referéndum, como quería la izquierda.

Se trata de otro revés legal para los opositores a esta controvertida reforma.

El 14 de abril el órgano de interpretación de la Carta Magna negó una primera solicitud de consulta y dio luz verde al grueso de la controvertida ley, lo que permitió al presidente francés, Emmanuel Macron, promulgarla al día siguiente para que pueda entrar en vigor en septiembre.

En un comunicado, el Consejo Constitucional que preside el ex primer ministro socialista Laurent Fabius explicó este nuevo rechazo porque la segunda iniciativa de referéndum tampoco supone "una reforma relativa a la política social" que sí podría justificar su convocatoria.

Esta segunda petición del llamado Referéndum de Incitativa Compartida (RIP) había sido firmada por 253 diputados y senadores, en su gran mayoría de izquierdas (La Francia Insumisa, socialistas, ecologistas y comunistas).

Con respecto a la primera se había añadido, como novedad, la creación de un nuevo impuesto relacionado con la financiación de las pensiones. Sus promotores tenían la esperanza de que así podía ser admitido en la medida en que implicaría un cambio sustancial.

De ser autorizado por el Consejo, el referéndum hubiese tenido por delante un largo y tortuoso camino ya que era necesario recabar casi cinco millones de firmas de electores en nueve meses (un 10% del cuerpo electoral).

Además, las dos cámaras legislativas -la Asamblea Nacional y el Senado- tendrían que examinar el texto en un plazo de seis meses.

Desde que incluyó en la Constitución en 2008, bajo el mandato de Nicolas Sarkozy, ningún Referéndum de Incitativa Compartida ha reunido las condiciones para llevarse a cabo.

Denuncias de abusos

Por otro lado, un informe oficial denunció posibles abusos en las detenciones policiales durante las protestas contra la reforma de las pensiones, así como de las condiciones materiales de los lugares de arresto.

El informe de la Controladora General de Lugares de Privación de Libertad (CGLPL), Dominique Simonnot, divulgado este miércoles, constata una larga serie de irregularidades detectadas en nueve comisarías de París en el curso de inspecciones realizadas tras la manifestación y protestas del 23 de marzo pasado.

El documento denuncia "una instrumentalización de las medidas de detención con fines represivos", afirma Simonnot en una carta enviada al ministro del Interior, Gérald Darmanin, el pasado 17 de abril.

La Controladora General señala "infracciones graves a los derechos fundamentales de las personas", tanto por las condiciones materiales de algunos lugares como por "el número importante de procedimientos realizados con desconocimiento de las normas y principios que rigen el procedimiento de detención", incluso con "violación de los textos aplicables".

El documento detalla que un 80% de las personas detenidas en las comisarías controladas fue puesta en libertad tras comparecer ante el juez y que la mayoría de las restantes fue liberada tras ser presentadas a un tribunal para un juicio rápido. Ello no les evitó pasar 24 horas en una celda "en condiciones indignas".

Esta cifra revela "un recurso generalizado, a título preventivo, a la privación de libertad con fines de mantenimiento del orden", denuncia.

Además, el informe señala que los detenidos denunciaron interrogatorios violentos, cacheos en la ropa interior, irregularidades en las fichas de detención y una higiene deficiente y falta de espacio en las celdas de detención.

El ministro del Interior consideró en su respuesta que Simonnot "excedió sus competencias" con el informe y que el hecho de que la gran mayoría de los detenidos fueran puestos en libertad demuestra la dificultad de probar los hechos, y no quiere decir que no fueran cometidos, según informa la emisora France Info, que tuvo acceso a esa réplica.