Verdiblanca pide más implicación política para mejorar los accesos a monumentos

Tras dos intensas jornadas de aprendizaje y debate la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, junto al Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hacen balance del inédito curso celebrado en Almería sobre la accesibilidad a monumentos históricos.

Por el seminario han pasado 12 expertos nacionales y locales en materia de accesibilidad que han expuesto sus ponencias para 74 asistentes durante las dos fructíferas jornadas del curso.

Para el coordinador del curso y vicepresidente de la entidad, Antonio Sánchez de Amo, con este curso se ha puesto de manifiesto la necesidad de reclamar más iniciativas en este formato y mayor implicación técnica y política en procesos formativos para unas mejores intervenciones de accesibilidad en todos los ámbitos y para todas las discapacidades.

También Verdiblanca reivindica una apuesta firme de las administraciones competentes en estas materias, para que dediquen de manera específica a profesionales que se cualifiquen, divulguen, vigilen y, si hace falta, sancionen, a quienes no cumplan con la normativa vigente. Ya sean particulares o instituciones.

Asimismo se pide un mayor rigor en la mirada y las actuaciones que permita a cualquier ciudadano o ciudadana, sea cual sea su condición o limitación o habilidad diferente, convivir de manera autónoma con el resto de sus convecinos.

Y finalmente, reivindica algo tan sencillo y aparentemente fácil de aplicar como el sentido común. Algo para lo que es preciso estar despiertos, receptivos y capacitados para entender que las personas con discapacidad también enriquecen a la sociedad en la que vivimos.

Para que todo esto sea posible hace falta un alto grado de compromiso. Por este motivo el papel de las entidades del sector de la discapacidad no puede ser exclusivamente reivindicativo. Las asociaciones de personas con capacidades diferentes deben estar más unidas y prepararse para dar a conocer más y mejor cuáles son sus necesidades.

Para ello las instituciones públicas deben dedicar parte de sus recursos económicos y su personal técnico a elevar el nivel de necesidades del colectivo de la discapacidad a la misma altura que otras exigencias ciudadanas como la limpieza de las calles o la seguridad de la población.