Prometer y olvidar vivienda

No pocas veces se ha expresado aquí la duda y hasta el pasmo sobre las promesas electorales, esas que atañen a asuntos de cuantioso gasto e inversión pública, y que no fueron anunciadas ni mucho menos abordadas ni realizadas en plena legislatura, y menos aún presupuestadas, o sea planificadas ni programadas. Aunque la gestión debe ser adaptativa al entorno cambiante, cabe fundamentar el descreimiento en tales propuestas repentinas con tres hechos poco controvertibles.

Primero, que, en muchos casos, demasiados, nunca más se supo de ellas una vez terminadas las elecciones que les dieron pábulo. Segundo, que no es de recibo comprometer lo que no se sabe si se podrá realizar, sobre todo si su ejecución supone ingentes cantidades de dineros públicos, o que dan por segura una combinación de éstos con fondos privados. Tercero, porque son cada vez más solapados y objeto de propaganda los periodos electorales, en un poliedro competencial de difícil equilibro entre el Gobierno central y el autonómico.

El votante medio no da para tanto juicio. Sí, aquellos que forman parte de jugosos caladeros, fundamentalmente los pensionistas. Con ellos, no se juega. Cabe proponer –sin esperanza alguna– que se programen los comicios para que no contaminen la labor ejecutiva y legislativa, de forma que se erradique el vicio de mermar las legislaturas por delante y por detrás. Por delante, porque pocos meses antes de las urnas se desestima lo obligado en favor de las campañas. Por detrás, porque los partidos agraciados por los votos suyos y los ajenos con que pactar el poder dedican demasiado tiempo a asignar cargos entre sus cosmos militantes, o entre figuras que den lustre a sus equipos (por lo general, figuras tan independientes como efímeras). Calcúlese en un año la merma entre el trasiego previo y el posterior. Mientras se dirimen esas superestructuras políticas, quedan como anclas los servidores públicos de la intrahistoria, esa que no sale en los papeles.

Me atreveré. Siendo un hombre de máxima polarización en el juicio público, y no exento de errores fatales hasta el límite de verse obligado a modificar la mismísima Constitución tras una llamada de Angela Merkel, que nos impuso el techo de gasto, Rodríguez Zapatero prometió que, si llegaba a gobernar, promulgaría la ley del matrimonio homosexual y la de violencia de género, más la retirada de las tropas españolas de la Guerra de Iraq. Cumplió de inmediato. En esas tres medidas creó un precedente que fue seguido por países de mayor tradición democrática. También creó un cosmético primer Ministerio de la Vivienda. Si quieren, una cartera canina. Con dos precedentes. El del todopoderoso Franco de 1957, que viviendas para trabajadores levantó. Y, justo antes de Zapatero, Aznar con su Ley del Suelo (1998), semilla de la devastadora burbuja inmobiliaria.

Prometer –alehop– vivienda pública y subvencionada entre mítines y en el buzón es pura purpurina electoral. ¿Por qué no haberse empleado antes en ello, gobernando y siendo competencia del Estado central, que, cabe recordar, no tiene la varita mágica de asegurar el derecho a la vivienda? Por estar en otros lópez, en equilibrismos de cuotas o personales. Un Pacto Nacional de Vivienda deben ofrecer los partidos en todos y cada uno de sus programas. (Confiemos en lo imposible, y preparémonos para los milagros).