Adelantar las elecciones no es ninguna anomalía democrática. Se trata de una potestad que la Constitución y los Estatutos de Autonomía dan a los presidentes de los respectivos gobiernos, para citar a la ciudadanía a las urnas antes de que transcurran los cuatro años de una legislatura. No existe una obligación legal de justificar el adelanto electoral, ni los motivos están tasados, pero políticamente si es conveniente explicar y justificar las razones ante el electorado. No explicar un adelanto puede causar serios disgustos. Algún primer ministro francés perdió unas elecciones tras un adelanto electoral decidido al calor de unas encuestas favorables, y sin ninguna justificación comprensible. En España hemos tenido en los últimos dos años dos ejemplos de adelantos electorales con éxito para quien los decidió. El actual presidente del gobierno disolvió las Cortes y adelantó las elecciones, tras la moción de censura y después de que sus aliados impidiesen sacar adelante los presupuestos generales del Estado. La presidenta Díaz Ayuso adelantó las elecciones tras la fallida moción de censura en Murcia.

Mucho se lleva especulado y se especulará en las próximas semanas y meses con la posibilidad de que el presidente Moreno Bonilla pueda adelantar las elecciones andaluzas que habría que celebrar en diciembre de 2022. Entiendo por adelanto aquella convocatoria que se precipita más allá de los seis meses de lo que correspondería, ya que el resto puede justificarse por múltiples razones técnicas y dificultades de calendario.

Da la impresión de que el gobierno andaluz lleva valorando un tiempo la conveniencia de ese adelanto, especialmente tras el resultado del PP en la Comunidad de Madrid. En este sentido, la actitud y las últimas declaraciones de VOX, su actual aliado parlamentario, podían ser un motivo que justificase la precipitación de la cita electoral. Pero hay otras razones para el adelanto al margen de las políticamente correctas. A pesar de que tal y como dictan los cánones, el presidente andaluz ha declarado reiteradamente que serán los intereses de Andalucía y de los andaluces los únicos que determinen el momento más adecuado para celebrar los comicios autonómicos, a nadie se le escapa que la fecha puede tener un indudable componente estratégico para el PP de Casado. Si hay adelanto en Andalucía la explicación será la políticamente correcta, pero en el fondo de la fecha elegida subyacerá la intención de colaborar con la estrategia electoral del PP nacional en las elecciones municipales y generales de 2023.