El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo son órganos constitucionales algunos de cuyos miembros han terminado hace tiempo su mandato y no han sido renovados. La falta de acuerdo para la renovación de órganos que juegan un papel fundamental en la arquitectura institucional de nuestro país es una anomalía democrática de enorme dimensión. Juristas de reconocido prestigio están obligados a continuar al frente de las funciones constitucionales para las que un día fueron elegidos, más allá de las previsiones temporales de su mandato, por la incapacidad o por la falta voluntad de algunos partidos de llegar a acuerdos para su sustitución. Afortunadamente esos juristas están siendo infinitamente más responsables que los políticos que los tienen que sustituir, porque imaginemos que enorme crisis constitucional se originaría si esas personas renunciasen a sus cargos y abandonasen sus responsabilidades.

El gobierno del presidente Sánchez y el PSOE han insistido hasta la saciedad para que el PP se avenga a negociar la elección de los nuevos miembros que tienen que integrar esos órganos. Dadas las mayorías reforzadas que se exigen para la elección de sus integrantes, es imprescindible la participación en su elección del principal partido de la oposición. PP y PSOE estuvieron a punto de llegar a un acuerdo de renovación del CGPJ que se frustró por el impresentable mensaje de un senador popular. Desde entonces, Pablo Casado y su partido han puesto todo tipo de excusas para impedir la renovación de órganos, en los que los vocales propuestos por el partido conservador son mayoritarios, porque fueron elegidos en tiempos en los que el PP tenía mayoría absoluta en ambas Cámaras.

La cuestión es hasta cuándo piensa el PP bloquear la renovación. ¿De verdad quiere un partido de gobierno como el PP obligar a miembros del TC o del CGPJ a permanecer en funciones el resto de la legislatura? Dos años más de interinidad de órganos constitucionales generarán un desgaste y un descrédito difícilmente digeribles para una democracia madura. Si llegadas las elecciones generales de 2023 el PP sigue teniendo representación suficiente para bloquear, ¿seguirá Pablo Casado impidiendo la renovación? El PP debería ser consciente de que su actitud es desde un punto de vista democrático un fraude de ley y una irresponsabilidad institucional.

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