Pedro Sánchez ha presumido esta semana de ser el presidente de Gobierno que más veces ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Con razón. La pregunta es ¿cómo ha comparecido? Y la respuesta: de un tiempo a esta parte, sin dar cuentas de su gestión y pidiendo explicaciones a la oposición en vez de darlas.

La sesión parlamentaria de los miércoles, por ejemplo, viene siendo un crispado disparate. Se llama sesión de control al Gobierno, pero podría llamarse sesión de descontrol del Gobierno. La portavoz del PP, hurgando en la herida más profunda de las que padece la coalición gubernamental, le pregunta por la reforma de la ley del sólo sí es sí y sus consecuencias, y Sánchez le replica que él acaba de subir el Salario Mínimo Interprofesional. Con la portavoz de Ciudadanos estuvo incluso mezquino: ella se interesó por el tiempo que va a tardar en destituir a Irene Montero y él le contestó burlándose de la crisis terminal en que se encuentra Ciudadanos.

En la misma sesión el auténtico número dos del Gobierno, Félix Bolaños, ante una pregunta de ERC sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, introdujo lo que llamó "un inciso": es extraño que nadie le pregunte por la actitud del Partido Popular ante el aborto, después de que Feijóo haya aceptado la ley de plazos, pero sigue negando que el aborto sea un derecho fundamental. Bolaños sigue la estela de su jefe, pero con más descaro y menos justificación: un grupo opositor se interesa por algo y el Gobierno contesta interpelando y denunciando a otro grupo.

Esta actitud resulta más bien cómica, pero también es preocupante. Revela que el Poder Ejecutivo no se toma en serio al Poder Legislativo y que el Gobierno elude en la práctica el control que la Constitución concede al Congreso de los Diputados como máximo órgano de representación de los ciudadanos. El escaqueo gubernamental en las comparecencias no viaja solo. Va acompañado por el abuso de la figura legislativa del decreto o el retraso del Debate sobre el estado de la Nación, más otras maniobras orquestadas contra los jueces y su independencia, empezando por la designación de una ex ministra como fiscal general del Estado (ya sustituida por motivos personales).

Es así, deteriorando las instituciones poco a poco pero insistentemente y ejerciendo el Gobierno con cesarismo y prepotencia, como se carcome la democracia.