El hecho más escabroso del proceso electoral que culmina hoy quizá sea la inclusión en las listas de Bildu de exconvictos por terrorismo como candidatos para regir la política municipal de sus convecinos, apuesta que ha merecido alusiones dispares por lo que significa que quienes guerrillearon, delictivamente, contra el régimen democrático del 78 se postulen hoy para tutelar sus instituciones, luciendo orgullosos su currículo criminal. Se verifica así la impresión de que justamente aquel pasado sanguinario adorna y realza su actual catadura ideológica, a modo de significante victorioso. Y la alusión de P. Sánchez de que tal propuesta sería legal, aunque indecente, en vez de aportar claridad acaso enreda la cuestión al mezclar conceptos éticos y legales difusos, ante los que no pocos opinantes y políticos han desbarrado sin parar mientes en la dimensión ocultada tras la infeliz objeción: que tal inclusión además de no ser decente tampoco es legal, o que aun si lo fuera el deber inmediato del gobierno es que dejara de serlo. Pero aquí tal vez se confunda legalidad con legitimidad y se olvide que la legalidad es solo una herramienta con una función social que la vincula al sistema de valores éticos que legitiman la convivencia de un pueblo. Y que desde tal premisa no caben legalidades indecentes ya que ante los abusos normativos la propia ley tiene mecanismos correctores fulminantes, que hoy serían aplicables a la trapacería de Bildu no ya por ser indecente sino por ser ilegal. No en vano el T. Supremo ilegalizó en 2003 a Batasuna por ser un artefacto de ETA, con un historial de violencia incompatible con el ejercicio de la política, según la ley de Partidos Políticos (LO. 6/02) que impide concurrir en procesos electorales a quienes incluyan en sus listas a personas condenadas por terrorismo o que no rechacen la violencia. Así que impugnar o no impugnar tales listas es asunto de (in)decencia política, más que jurídica, y cuando el gobierno opta por limitarse a criticar ese farol en clave moral, olvida que en democracia no cabe legitimarlo todo, ni siquiera cuando el partido que las postula, hoy Bildu, sea legítimo, ya que una cosa es la legitimidad de origen y otra la legitimidad de la función ejercitada, cuando no se ajusta a los principios que rigen la ley o buscan, como sería el caso, beneficiarse del infausto prestigio de la violencia en ciertos reductos vascos, racistas y enfermos de odio.