Que el Estado se haya dedicado a espiar a ciudadanos y partidos que propugnan soluciones políticas distintas de las contempladas en la Constitución, en este caso, a personalidades del mundo independentista catalán, es muy preocupante y dice mucho de la baja calidad de la democracia en España. Por algo muy parecido a eso tuvo que dimitir el presidente Richard Nixon cuando se destapó el escándalo Watergate en los Estados Unidos. Y estarán poniendo las barbas a remojar todos aquellos partidos y políticos que defiendan, por ejemplo, un sistema económico diferente al actual, como son los de la izquierda del PSOE. Un PSOE, por cierto, que siempre ha sido adalid de la democracia y que ahora ha puesto en entredicho ese prestigio con este espionaje masivo que el CNI ha venido realizando con el sistema de escuchas Pegasus.

En esto, como en casi todo, los dos bloques en que se ha acabado constituyendo nuestro sistema político se han vuelto a diferenciar claramente. La derecha y la extrema derecha justifican el espionaje diciendo que se trataba de individuos y organizaciones que querían romper España. La izquierda, por el contrario, antepone las libertades contempladas en la Constitución, que también han de reconocerse a aquellos que sienten el sistema como un corsé que impide el desarrollo de ideas diferentes a las plasmadas en aquel documento en el 78.

Lo cierto es que difícilmente se podría trazar una línea entre aquellos que no deben ser espiados porque no constituyen un peligro para el sistema y aquellos que sí lo son. Porque, sí, sería fácil decir que todos los que defienden ideas extra constitucionales son peligrosos para el Estado y sólo son aceptables los que mantienen su ideario dentro de los márgenes del importante documento. Pero ¿dónde quedan los que funcionando dentro del sistema han alcanzado el poder legalmente y defienden una reforma constitucional en profundidad que pueda acoger sus proyectos políticos? ¿Es posible una reforma de la Constitución, habría que preguntar antes de nada? ¿Es la extrema derecha susceptible de ser espiada por el CNI, ya que se propone acabar con el Estado de las Autonomías, con las libertades individuales y con ciertos partidos políticos legítimos y legales? ¿Quién traza la línea divisoria entre los espiables y los no espiables? ¿Desde qué criterios? ¿Desde la Constitución? Entonces, quienes la cuestionan ¿son espiables también?