Dicen que la salud es lo primero y así debería ser. Sin embargo, hace tiempo que ese axioma quedó en entredicho en Andalucía, en una comunidad donde el derribo del sistema sanitario público que está llevando a cabo el Partido Popular no tiene más justificación que la de alimentar la cuenta de resultados de las clínicas privadas.

Durante estos días hemos conocido la situación de las listas de espera hospitalarias en nuestra provincia y he de reconocer que me he sentido abrumado ante unas cifras que ponen de manifiesto la gravedad de la situación y también el desamparo al que se enfrentan en este momento la mayoría de los usuarios del SAS y los médicos y las médicas especialistas, que no dan abasto.

Más de 83.261 pacientes, según los últimos datos aportados por el propio Gobierno andaluz, esperan en la provincia una cita con el médico especialista, lo que nos ha situado en el conjunto de Andalucía en los primeros lugares de en un vergonzoso ranking en el que se está jugando con la salud de muchas personas.

Detrás de cada número, de cada cita que se alarga siete meses y medio, como ocurre en el hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa para una consulta de digestivo, hay una persona con nombres y apellidos que se siente desesperada y que si no puede permitirse acudir a la privada terminará por pedir un préstamo.

Hasta ahí ha llevado a muchos pacientes el injustificable abandono de la sanidad pública, que ha sido programado y diseñado por el gobierno andaluz del Partido Popular.

Lo que está ocurriendo es sencillamente inhumano, no se puede calificar de otra manera por mucho que quiera justificarse el Gobierno andaluz, empeñado siempre en mirar para atrás cuando las cifras le dan un baño de realidad y se disipa el humo del marketing que acompaña a todas y cada una de sus acciones.

A pesar de que la pandemia ya no se viste con mascarillas y la normalidad se instauró hace tiempo en prácticamente todas las actividades, los profesionales sanitarios siguen desbordados y las plantillas son claramente insuficientes. El problema, por lo tanto, está más arriba, en San Telmo, donde Moreno Bonilla tiene una mayoría absoluta que le confiere una responsabilidad absoluta en la solución del colapso que vive la sanidad pública.