Desde la rauda (si no precipitada) decisión de Moreno Bonilla de eliminar el impuesto sobre el patrimonio, seguida casi en cascada por decisiones similares de otros gobiernos autonómicos (primero del PP y ahora también del PSOE), se están multiplicando publicaciones sobre este asunto, ampliándose a continuación a los ámbitos de la tributación en general. Era un tema tratado siempre por grandes especialistas, entre ellos los inspectores de hacienda, pero que ahora ha descendido a la arena de los que estamos lejos de tal especialización. Y aquí estamos, unos y otros, echando nuestro cuarto a espadas sobre la conveniencia de la bonificación de ese tributo y del resto de los impuestos. Leyendo a unos y a otros encuentro que los desencuentros se basan en planteamientos distintos, en atribuir la prioridad a diferentes puntos de vista. Están los puramente economicistas, los consecuencialistas y los igualacionistas. Tal como yo lo veo, los primeros simplemente miran cuáles son las consecuencias para la macroeconomía de la subida o bajada de impuestos. De alguna manera son los adoradores de la curva Laffer: lo único que interesa es ver la correlación entre los impuestos y el desarrollo económico (cómo afecta a la respuesta económica la variación de la carga impositiva). Los segundos toman como referencia cuáles son las consecuencias de la subida o la bajada de impuestos en los servicios del Estado, sobre todo en el estado de bienestar; en el fondo, la disposición de medios económicos derivada de los ingresos obtenidos a partir de los impuestos. Los terceros prefieren pensar en que la desigualdad existente es una injusticia, y los impuestos son una especie de mecanismo que intenta limar la desigualdad y que accedan al disfrute de ciertos servicios quienes no pueden llegar por sus propios medios; esto lo consiguen solo con mucha tibieza. Para los primeros, los impuestos deben ser los mínimos para optimizar el desarrollo económico. Para los segundos, los impuestos deben garantizar el hacer frente a los gastos del Estado, al estado de bienestar. Los terceros dicen que hay que forzar la carga impositiva cuanto se pueda para aminorar las desigualdades. Se trata de unos puntos de vista difícilmente armonizables. Y la pregunta que se plantearía inmediatamente: ¿hay alguno que sea más justo, más ético, que los otros?