En noviembre se cumplirán los 90 años de las elecciones generales de 1933, en las que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto por primera vez en nuestra historia. Un derecho al voto que había sido aprobado poco más de dos años antes, en octubre de 1931, con la diputada madrileña del Partido Republicano Radical Clara Campoamor como figura clave en la lucha por este derecho.

En esas elecciones generales del 33 la victoria fue en la primera vuelta para la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). La segunda vuelta, en diciembre, refrendó el triunfo de la CEDA. En poco más de dos años se había producido un vuelco impresionante en el panorama político nacional. De un triunfo aplastante de las izquierdas en el 31, a un triunfo igual de aplastante del bloque de derechas.

Pero, sin embargo, sería el segundo partido más votado, el Partido Republicano Radical, un partido de izquierda en sus inicios y escorado a una posición de centro-derecha durante la República, el que gobernase, conformando un gabinete exclusivamente por miembros de este partido, con el apoyo de la CEDA desde el Parlamento. Este hecho de que la CEDA, siendo el ganador de las elecciones generales, no conformase gobierno, fue considerado por la izquierda como una muestra de debilidad, de modo que en un periodo de creciente tensión entre los dos bloques políticos (de izquierdas y derechas), este culminó con la entrada en octubre del 34 de tres ministros de la CEDA en el Gobierno. La cada vez más radicalizada izquierda llamó a la huelga general contra el Gobierno. El seguimiento fue muy desigual. Fracasó en Madrid al acuartelar el Gobierno a las tropas y detener a los principales dirigentes socialistas y comunistas. En Barcelona, Companys, desde la presidencia de la Generalitat, dirigió una insurrección con claro matiz independentista, que fue neutralizada rápidamente por el Ejército.

Pero en Asturias la huelga general triunfó y degeneró en una verdadera revolución organizada por los partidos de izquierdas y organizaciones sindicales, que se hicieron con el control de fábricas de armas y depósitos de explosivos de las empresas mineras. Dada la violencia de la insurrección y para poder restablecer el Estado de Derecho, el Gobierno tuvo que recurrir al Ejército, siendo necesaria la intervención de fuerzas de élite (La Legión) desplazadas desde el Protectorado marroquí. El balance de la Revolución de Asturias fue espeluznante: en apenas dos semanas de combates, más de mil trescientos muertos, el doble de heridos, treinta mil detenidos, entre ellos Companys y Azaña, y los principales dirigentes del PSOE, como Prieto o Largo Caballero.

Pero al igual que en abril del 34, el Gobierno de Centro-derecha, presionado por la CEDA, había dejado sin efecto penal mediante una Ley de Amnistía todos los actos del General Sanjurjo, que lideró un golpe de estado contra la República en el 32, tras la victoria del Frente Popular en febrero del 36, el gobierno de izquierdas también dejó sin efecto penal, con la misma Ley de amnistía creada “ad hoc” para Sanjurjo, a los condenados por la rebelión en Asturias y los golpistas catalanes, modificando simplemente una disposición sobre las fechas de aplicación, que inicialmente estaban restringidas hasta 1932.

Las amnistías decretadas en el 34 por un gobierno de centro-derecha y 2 años después, por un gobierno radical de izquierda, solo lo fueron para dejar impunes ataques al Estado de Derecho. En esto coincidieron ambos bloques, derecha e izquierda, en beneficiar a personajes de su interés, dejando la del 36 sin efecto las penas de los responsables de unos 1.300 muertos.

Dejo al margen la amnistía del 77, ya que en nada tiene que ver con las anteriores, puesto que esta vino a poner fin a una etapa de dictadura, y dar paso al actual Estado de Derecho, es decir, fue una ley de amnistía de evidente interés general.

De aplicar ahora una amnistía a políticos golpistas y malversadores, estaríamos volviendo a reincidir en los mismos errores cometidos en el 34 y en el 36. Sanjurjo debió ser fusilado y los golpistas catalanes y rebeldes de la revolución de octubre, cumplir sus condenas. El estado de derecho debió prevalecer sobre los intereses partidistas del gobierno de turno. Ahora, tras sufrir una guerra civil y una dictadura, y construir el actual estado de derecho, ¿vamos a volver a sufrir cómo este estado de derecho queda supeditado al interés partidista?