De muchas de mis columnas se puede advertir que me preocupa lo que una de mis fuentes favoritas sobre la evolución política mundial, la prestigiosa organización no gubernamental Freedom House, ha denominado "ola de autoritarismo": un avance de las fuerzas autoritarias, conquistando espacios a lo largo y ancho del planeta, del que nos advierten lleva 16 años en tendencia ascendente. No obstante, por suerte para los que vivimos en este gran país, España mantiene una estupenda nota en los rankings de libertad y fortaleza democrática que elabora anualmente esta organización y que nos lleva a ser considerados, de forma constante, un país libre donde las garantías que los derechos humanos y nuestros propios preceptos constitucionales operan bien engrasadas. Pero, llegó el ranking relativo al año 2020 y sufrimos una pérdida de puntos por, entre otras pocas cuestiones, el, aún existente e inagotable fuente de titulares, bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es que, ya sobre el año 2019, Freedom House nos afeó, conforme al Consejo de Europa, que la elección de los miembros del órgano de gobierno de nuestro Poder Judicial no se lleve a cabo, exclusivamente, por los propios miembros del Poder Judicial, si bien, a pesar de ello, en el ranking de 2020 nos siguió premiando con una puntuación de cuatro sobre cuatro en el apartado de independencia judicial. Pero, consolidado el bloqueo, en el de 2021 nos ganamos un párrafo que podemos volver a leer en el de este año y que nos debe avergonzar como Nación y Estado de Derecho: 12 jueces de 20 miembros que forman parte del Consejo General de la Magistratura no son elegidos directamente por sus pares sino designados por tres quintos de los votos en el Parlamento, al igual que los otros ocho miembros que no son jueces. Este sistema ha expuesto a la institución a perturbaciones políticas. La membresía del Consejo debía renovarse a finales de 2018, pero el PP, de la oposición, negó a los partidos de gobierno la mayoría cualificada necesaria; el Consejo titular continuó operando de manera interina durante 2020, lo que generó preocupaciones sobre la legitimidad de sus nombramientos judiciales y otras decisiones. Y así, ahora mostramos al mundo un tres sobre cuatro en independencia judicial. Bien merecido. Un hecho que, como señaló la Ministra de Justicia, nos cuesta dinero a todos los españoles, pues obliga a buscar "refuerzos" para mitigar los efectos de las vacantes no renovadas, y que, por encima de lo anterior, afecta a la calidad de la justicia pues, por ejemplo, desde el año 2019 no ha dejado de aumentar la duración media de las causas en el Tribunal Supremo (datos: informes "La Justicia Dato a Dato"). Acabo con una frase de aquella organización: "La libertad florece en las naciones democráticas donde los gobiernos son responsables ante su pueblo".