Estado bolivariano

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, una democracia parlamentaria con un sistema de gobierno basado en la división de poderes. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Esto lo proclama el título preliminar de la Constitución española. Pedro Sánchez de ha erigido en poder absoluto, de voluntad univoca, no acude a las sesiones de control en el Congreso y cuando lo hace jamás responde a las peguntas ni aborda las cuestiones que plantea la oposición parlamentaria, legítimos representantes del 45,5% de los ciudadanos. Sánchez gobierna contra la mitad de los españoles. Un gobernante ha de asumir el principio de responsabilidad política ajena a la posible responsabilidad jurídica. Esta es la base de un gobierno democrático. La reiterativa actitud de Sánchez muestra una permanente ausencia de responsabilidad. En cualquier democracia digna de tal nombre una catástrofe como la DANA de Valencia, que segó la vida de 227 personas, habría desencadenado una reacción inmediata exigiendo al gobierno de la nación un debate sin ambigüedades cuya responsabilidad directa quedó sentenciada por el Tribunal Constitucional en 1990 al declarar la primacía del Estado en situaciones de emergencia, la catástrofe en Valencia lo fue. Pero con víctimas mortales entre el fango, Sánchez viajó a India. Ningún decreto de emergencia, ninguna actuación coordinada, ningún rostro en las zonas inundadas durante los primeros días. Cuando apareció el presidente, lo hizo protegido por cristales blindados y con una frase que quedará en los anales de la infamia institucional: “si quieren ayuda, que la pidan”. Una forma de gobierno que más recuerda al despotismo ilustrado que a la democracia parlamentaria moderna. La Ministra de Defensa al ser interpelada se limitó a declarar que “el Ejército no está para esos cometidos”, como si salvar vidas humanas no fuese un cometido esencial. La misma estrategia en el reciente apagón eléctrico que dejó sin suministro a millones de ciudadanos. En lugar de una investigación transparente o un informe técnico presentado en sede parlamentaria, se optó por el silencio administrativo. Ni una comparecencia oficial con explicaciones técnicas, ninguna asunción de responsabilidades. Todo se resolvió apuntando a la “ultraderecha conspiranoica” sin prueba alguna. Esta práctica es norma y estrategia elusiva como ha sido probada que en la sesión parlamentaria del pasado martes convocada para presentar al congreso el nuevo presupuesto para la defesa según exigencias de la OTAN que resultó un grotesco ejercicio de despotismo abriendo una polémica contra la oposición plagada de acusaciones y alusiones personales y señalando a las empresas eléctricas de ser las causantes del apagón. El presidente no explica nada, solo acusa, no se responsabiliza, todo se reduce a un chivo expiatorio: la oposición, los jueces, los medios díscolos o la meteorología o los “super ricos”. La anestesia del relato oficial ha logrado convertir al votante en cómplice de la decadencia institucional, como advirtió Tocqueville: “La democracia perece cuando los ciudadanos se convierten en rebaño que solo espera la voz de su amo”. Las muestras de un gobierno ajeno al marco constitucional y democrático continúan sin cesar. La reciente aprobación por la CNMV de la operación iniciada por BBVA sobre las acciones del banco Sabadell que cumple todos los requisitos legales, ha sido respondida por Pedro Sánchez con una pirueta inédita en Europa: una consulta popular para “decidir” lo que ya ha sido autorizado por el regulador independiente sobre una operación entre dos empresas privadas que cotizan en Bolsa, cuyos accionistas y consejos de administración son los únicos legitimados para decidir su destino. El mensaje es demoledor: en España, las reglas del libre mercado pueden quedar en suspenso si así lo dicta el interés personal y político de Sánchez. Este gesto sitúa a España fuera del marco normativo europeo y de las democracias avanzadas y la instala en el universo populista y autocrático de economías intervenidas donde el poder político pretende decidir lo que es competencia exclusiva de los mercados y sus instituciones. Un ataque al capitalismo democrático que garantiza la libertad económica uno de los pilares de nuestro sistema constitucional. A esta fecha no hay explicación sobre el bochornoso espectáculo vivido recientemente con el colapso de la red ferroviaria del AVE en Andalucía En cualquier país serio, el ministro responsable hubiera comparecido con explicaciones detalladas, hubiera asumido errores y en caso flagrante hubiera dimitido. El inverosímil ministro Óscar Puente confunde la gestión con la provocación en redes sociales y no dudó en calificar el incidente como “sabotaje” lo que permite rehuir indemnizaciones, responsabilidades técnicas, de mantenimiento o de gestión de crisis. Mientras el país rebaja aceleradamente los índices de calidad democrática, los engranajes del Estado de Derecho son desmantelados desde el mismo Tribunal Constitucional, presidido por el fiel escudero del sanchismo, Cándido Conde-Pumpido. Las maniobras para garantizar una amnistía que no cabe en la Constitución, el intento frustrado de obstaculización de la Justicia europea en el caso de los ERE y el blindaje a los intereses de los socios independentistas, han sido denunciadas no solo por la prensa crítica, sino por letrados del propio tribunal, antiguos jueces de la Audiencia Nacional y expertos constitucionalistas. La Fiscalía General del Estado, baluarte de defensa de la legalidad, ha sido degradada por un personaje que ha decidido arrojar la ética y la dignidad al vertedero de las miserias humanas. Ha sido imputado e investigado por presuntos delitos de revelación de secretos y destrucción de pruebas, pero se aferra al cargo con la seguridad de ser pieza clave para la continuidad e impunidad del régimen sanchista. Cuando la democracia es sustituida por el cesarismo, el silencio social no es neutral. Lo advirtió Stefan Zweig en su lúcida obra El mundo de ayer: “Los pueblos que no reaccionan ante el abuso de poder, acaban mereciendo su esclavitud.”

Pedro Sánchez ha convertido a España en un Estado de excepción permanente. Un sistema donde la ley se interpreta a conveniencia, la crítica se silencia con insultos y el poder judicial se le intimida con bochornosas acusaciones de prevaricación y militancia política. La economía de libre mercado se sustituye por decretos gubernamentales e inverosímiles mecanismos de intervención y control de las empresas. Las decisiones económicas se dirimen en la Moncloa y no en los Consejos de Administración. Las tragedias se tapan, las responsabilidades se eluden y la mentira se ha elevado a categoría de arte gubernamental. Cuando el autoritarismo disfrazado de “progresismo” haya tocado su nivel más alto se habrá alcanzado el descrédito total de la nación. Encaja una cita de Platón; “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores.”