Florencia Patricia di Coco, su nombre es ficticio pero su historia no, publicaba hace escasos días en el grupo de Facebook de uno de los muchos pueblos que existen en la provincia de Almería - da igual el nombre del municipio de que se trate - un comentario desesperado intentando encontrar a algún familiar de un antepasado suyo que emigró, hace casi un siglo, a la República Argentina. A la muchacha en cuestión se le había despertado, súbitamente, el interés por conocer el lugar de donde procedían sus antepasados. Pocos días después, leo que uno de los miembros de una asociación gallega dedicada a la genealogía amenazaba con darse de baja manifestando que "esto parece la ventanilla del ministerio de Asuntos Exteriores" arguyendo que allí, de lo que menos se hablaba era de genealogía, y que tan solo recibían peticiones, normalmente desde países sudamericanos, con el objetivo de que el Registro Civil de turno averiguase, sin más datos que un nombre y una fecha lejanamente aproximada, que un abuelo o tatarabuelo del peticionario había nacido en una determinada aldea, hoy posiblemente despoblada cuando no desaparecida, del mapa de esa hermosa tierra que es Galicia. El que suscribe sigue de cerca lo que se publica en diferentes foros sobre genealogía de las distintas regiones de España, y no da crédito a lo que lee. El historial de peticiones de personas normalmente nada interesadas en genealogía se repite machaconamente y con insistencia. ¡Nunca se había visto a tanta gente preocupada por tener un abuelo español!

El pasado domingo aparecía, en un diario de tirada nacional, un artículo bajo el título "Los nuevos españoles de la Ley de Memoria Democrática". Y, tras su lectura, se podían atar cabos. ¡Resultaba inverosímil aunque en esta España sanchista todo sea posible! Leído el artículo en cuestión, inmediatamente, accedo a la página del BOE para descargarme la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. La ley sobre la cual los medios informativos se habían hecho eco pero sin poder entrar en su articulado, principalmente, porqué aún no había sido publicada. Desde el Preámbulo hasta su última Disposición Adicional se comprende que la "memoria" a la que se refiere esta ley es una "memoria" muy sesgada. No vamos a entrar en detalle, pues el director de este diario me diría que me deje de artículos y mejor escriba un libro, pero, llegados a la Disposición adicional octava sobre "adquisición de la nacionalidad española" nos encontramos con que "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubiesen sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil". En otra parte de esta ley también se dice que los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron en España durante la Guerra Civil a favor del bando republicano podrán acceder a la nacionalidad. No se entiende, ni desde la mayor de las predisposiciones, el porqué de esa rifa de nacionalidades ¿Por qué no se la dan también a los descendientes de los íberos que lucharon contra la invasión del Imperio Romano, por poner un ejemplo de esta España que ha sido escenario de invasiones y batallas y, con estas idas y venidas de otros pueblos, se ha acrisolado la manera de ser hispana?

Inmediatamente comprendo el alud de peticiones, ante todo tipo de organismos, para acreditar que se tiene un antepasado español. Incluso no hace falta que el interesado sea nieto de españoles, sino que su abuelo aún esté vivo, y este sí sea nieto de españoles, y por tanto, pueda reclamar la nacionalidad y, de manera encadenada, su descendencia también pueda acceder a ella. De esa manera, tanto sus hijos como sus nietos, podrán ser ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea. Es decir, el tataranieto de alguien que se fue de España en 1940 podrá regresar a la madre patria o a cualquier país de la Unión, y establecer su residencia. Difícil va a ser acreditar los motivos de la salida de España de ese antepasado, pero parece que las tragaderas del actual gobierno van a ser amplias. Se cree que en torno a las 250.000 personas se podrían acoger a esta ley, 60.000 de ellas en Argentina, según informaba "La Nación", histórico y conservador rotativo de Buenos Aires, citando fuentes consulares españolas. El gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que va a reforzar los servicios consulares en Hispanoamérica ante la avalancha de peticiones de nacionalidad que se presagian. No son pocos los medios que se están haciendo eco de esa frenética apuesta de nacionalización, que tiene su precedente en 2007 cuando Rodríguez Zapatero otorgó la nacionalidad española a 170.183 personas, aludiendo a un mero interés electoralista. No es difícil imaginar la dirección de los sufragios de todos esos nuevos españoles, agradecidos ante quien ha colmado uno de sus mayores anhelos, ser ciudadano de pleno derecho de la Unión Europea, pero que tienen un nulo arraigo en España y raramente son conocedores de su realidad, pero, en cambio, sí podrán participar en las próximas elecciones españolas depositando su voto en el respectivo consulado, puesto que ya no es necesario solicitar el voto rogado.