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El Grupo Joly ha sentado por primera vez esta semana en una mesa de debate a los alcaldes de las ocho capitales andaluzas para abordar los principales retos y oportunidades a los que se enfrentan para convertirse en urbes más prósperas, resilientes, sostenibles y habitables. Este nuevo Foro de las Ciudades que se celebró en el Parador de Antequera ha permitido a los regidores exponer buenas prácticas, actuaciones y estrategias de éxito y a su vez compartir las necesidades de cada una de las poblaciones de referencia en las ocho provincias de la región, que en la mayoría de casos son problemáticas compartidas. Una amplia mayoría de regidores señalaban el déficit energético que paraliza el desarrollo de proyectos vitales para el progreso económico de las capitales, así como en la necesidad de reformar la financiación local y adaptar otros fondos comunitarios a las características de cada territorio. Pero este encuentro también evidenció las notables diferencias entre las ocho ciudades en otros apartados como el turismo y las infraestructuras. Mientras que Sevilla, Málaga, Cádiz o Granada demandan una tasa turística y libertad para aplicarla, para otras capitales como Almería y Huelva, las que llevan décadas lastradas por la falta de comunicaciones, ese debate queda todavía muy lejos. Porque en los dos extremos de Andalucía están trabajando precisamente para impulsar una movilidad históricamente mermada que favorezca la competitividad empresarial y también la llegada de más visitantes.
María del Mar Vázquez expuso en este foro una hoja de ruta marcada por la transformación urbana sin precedentes que está experimentando la ciudad, si bien los avances en este rediseño de la Almería del siglo XXI requiere una mejor conectividad ferroviaria -condicionada a la llegada de la alta velocidad- y también aérea por los elevados precios y escasas rutas y frecuencias. Además, expuso lafalta de suelo logístico e industrial, una carencia que están tratando de salvar con el nuevo plan general de ordenación urbana que sustituirá al antiguo PGOU de 1998, y de una política transversal de todas las administraciones que permita facilitar el acceso a la vivienda impulsando muchas más promociones de las que hasta la fecha ha puesto en el mercado la empresa municipal. Y apeló precisamente a la colaboración institucional que hace posible el desarrollo del soterramiento y el proyecto puerto-ciudad como única vía para resolver aquellos otros frentes que requieren de una mayor interlocución entre las administraciones.
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