Corrupción contra Constitución

Hay noticias que impactan, mueven conciencias, escandalizan e inducen a la manifestación pública. Pero se da la circunstancia que si no se actúa con celeridad para corregir los hechos comunicados, sancionarlos, o rectificar las conductas de los responsables de los delitos denunciados, su presencia convive con la realidad cotidiana de la sociedad donde se producen.

Existen unos valores que sostienen un orden constitucional, siendo las leyes vigentes quienes velan por su conservación y mejora. La Justicia es la garante de su cumplimiento, debiendo ser su poder independiente de las injerencias de aquellos encargados de la gestión de los asuntos públicos, cuya finalidad consiste en mantener, y seguir mejorando, el bien común del Estado.

La persistencia de noticias diarias sobre casos de corrupción, si no se actúa de forma inmediata, hace que se produzca una normalización de su presencia, acomodándose en el escenario cotidiano de la existencia. En este estado de cosas la repulsa y escándalo van perdiendo fuerza, conviviendo como una lacra cronificada en el tejido social, la cual si no se erradica con firmeza y celeridad, va corrompiendo al conjunto de la ciudadanía, siendo el Estado un ente cada vez más alejado de los supuestos constitucionales que lo justifican y definen.

Sin una intervención ejemplar de la Justicia, el orden ético de una sociedad se degrada, perdiendo importancia sus valores, siendo causa de su carencia de vigor la presencia de otros valores particulares, negativos para el orden legal establecido, significando el incremento de su permanencia un factor que lo distorsiona, transforma, y convierte el Estado en una estructura constitucional que ya no busca el bien común, sino aquel que beneficia a un grupo de personas. Se construye así una estructura social similar a una pirámide, donde las migajas del estrato superior es compartida por el de abajo, hasta llegar los restos de riqueza de los poderosos hasta el nivel más inferior, siendo estos escasos y supuestos. El bien común se transforma en el bien de un sector social.

Si la situación anterior no se corrige, el Estado democrático se convierte en una oligocracia, donde las instituciones funcionan aparentemente de acuerdo a una Constitución liberal, presumiendo de derechos políticos y públicos, los cuales son más ficticios que reales. Mientras, la mancha de la corrupción sigue alimentándose del trabajo de todos.