Asistimos en estos días a la decisión del Partido Popular de volver a convertir el oportunismo en su única estrategia política, aunque no es la primera vez que lo hace. Ya ocurrió durante la crisis financiera de 2008, cuando el PP de Rajoy optó por alimentar el descontento social para hacer caja electoral con cada uno de los golpes que recibía la economía española.

Doce años después, Pablo Casado utilizó esa misma táctica al amparo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, que zarandeó también nuestra economía hasta el punto de que todavía hoy nos estamos recuperando.

En este último mes, el PP de Feijóo ha decidido recorrer el mismo camino, asiéndose con fuerza al arma política de la guerra de Putin y sus graves consecuencias económicas. Y en ese aferrarse al oportunismo le cabe todo a la derecha española, tanto si la solución forma parte de las decisiones que ha de tomar en su conjunto la UE, como si la fiscalidad de la luz y los carburantes que gestionan las comunidades autónomas y que sostienen en buena parte el estado del bienestar terminan por tumbarlo.

Esta manera de proceder de los 'populares', que destila una bajeza moral e intelectual imposible de ver en los países de nuestro entorno -donde, ante una crisis de estas características los partidos hacen causa común- terminará pasándoles una

enorme factura, fundamentalmente porque aleja a los ciudadanos de la política y los acerca al populismo, a ese lugar en el que la ultraderecha se sienta cómodamente a esperar a que todo salte por los aires al grito de 'más madera'.

Hoy, más que nunca, resulta imprescindible que todos caminemos juntos para hacer frente a los efectos de la invasión de Ucrania, pero también que la derecha deje de sacar rédito electoral de una situación tan complicada como la que están padeciendo infinidad de colectivos ante la escalada de precios de la energía.

Si quiere recuperar algo de su credibilidad, el PP debe demostrar en esta ocasión que está dispuesto a llegar a acuerdos para dar una respuesta conjunta a las consecuencias de la guerra, de manera que podamos preservar la recuperación económica y ofrecer a las familias y al tejido económico la protección que precisan en este momento. En este objetivo y en ningún otro es en el que sí está centrado el Gobierno de España.