La familia del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el delito de malversación en el caso de los ERE, ha trasladado ya al Ministerio de Justicia la petición de indulto que, de prosperar, evitaría su ingreso en prisión. Lo ha hecho sin esperar a conocer los fundamentos jurídicos de la sentencia que, según las previsiones, se harán públicos a lo largo de este mes porque la suspensión de la pena se pide por razones humanitarias y por el hecho de que la resolución se adoptó sin la unanimidad de la Sala que la dictó. De hecho, junto al contenido íntegro de la sentencia se conocerán los votos particulares de las dos magistradas discrepantes. Pero, lógicamente, los peticionarios no cuestionan la sentencia. Desde este punto de vista, resulta lógico que la solicitud de indulto haya cosechado en muy poco tiempo el apoyo de diversas personalidades que han conocido a Griñán en su larga trayectoria profesional, política y personal. Muchas de ellas son antiguos dirigentes socialistas, como los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero o el ex vicepresidente Alfonso Guerra. Pero hay también muchas de otros ámbitos ajenos a la política hasta completar cerca de tres mil firmas. También la han suscrito algunos cargos en activo del PSOE, como la ex presidenta de la Junta Susana Díaz, que actualmente es senadora. Lo que resulta extraño es la actitud del secretario general del PSOE andaluz y jefe de la oposición en el Parlamento regional, Juan Espadas, que se ha negado a reclamar la medida de gracia parapetándose en razones estatutarias de su partido. Lo que hace en realidad Espadas, que fue consejero en el Gobierno de Griñán, es escurrir el bulto y eludir una responsabilidad que claramente le corresponde y lo hace por no tomar riesgos y por razones electoralistas. Cuando llegue el momento, el Gobierno central tendrá que pronunciarse, pero lo que no puede hacerse desde la responsabilidad que ocupa Juan Espadas es mirar para otro lado.