Tras unas incomprensibles dudas, el Gobierno y las comunidades autónomas han decidido que la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad se produzca en las fechas previstas, el 10 de enero, y que sea totalmente presencial. Y decimos incomprensibles porque nadie hubiese podido justificar que mientras bares y restaurantes han podido abrir con relativa normalidad en Andalucía durante estas fechas, ahora se pusiesen trabas a la reanudación plena del curso escolar. Si algo ha demostrado el sistema educativo -tanto privado como público- en estos últimos meses es su enorme sentido de la responsabilidad. Mientras que en otros lugares el control de las medidas anti-Covid -tales como la obligatoriedad de la mascarilla, la separación social o la ventilación de los espacios cerrados- ha sido más bien escaso, los centros educativos han sido ejemplares en la aplicación de las mismas. Los colegios y escuelas, empezando por los alumnos, han sido estrictos en este sentido y han dado una lección a la sociedad de sacrificio y responsabilidad. Haber aplicado cualquier medida restrictiva en el regreso a las aulas hubiese sido un auténtico dislate. En primer lugar, porque los datos apuntan a que es posible volver al colegio con la debida seguridad sanitaria. En segundo, porque la triste realidad es que, actualmente, la teleenseñanza perjudica a los alumnos de entornos más vulnerables social y económicamente. Y, finalmente, en tercero, porque hubiese supuesto lanzar un mensaje a la sociedad de que la educación es algo de lo que se puede prescindir con relativa facilidad, y no un pilar fundamental en la construcción de un futuro mejor para todos. Afortunadamente, nuestros gobernantes no han cometido tal error. Es más, han decidido que un caso positivo en un aula no justifica el confinamiento completo de la misma. El próximo día 10 los escolares volverán a las aulas con las debidas precauciones. No podía ser de otra manera.