Deterioro institucional y crisis política

Más allá del ambiente de fuerte tensión en el que se celebró y del contenido de los discursos que se pudieron escuchar, el acto de Apertura del Año Judicial, celebrado el pasado viernes bajo la presidencia del Rey, reflejó, con una contundencia sin precedentes, el fuerte deterioro institucional al que se enfrenta desde hace ya tiempo el sistema político español. Las palabras pronunciadas unos días antes por el presidente del Gobierno, acusando a jueces de servir intereses políticos; la descortesía, con el jefe del Estado y con el Poder Judicial, del líder de la oposición negándose a asistir, o la condición de procesado del fiscal general del Estado bajo la que se llevó a cabo su intervención son hechos de una enorme gravedad. España atraviesa una crisis política que está minando las bases de la Constitución de 1978 y que, por lo que parece, no hará otra cosa que agravarse hasta que los ciudadanos en las urnas clarifiquen y ventilen el irrespirable ambiente que ahora se respira. El acto de Apertura del Año Judicial fue un potente símbolo de este deterioro, pero no deja de ser un suma y sigue de una situación en la que son imposibles no ya acuerdos entre los dos grandes partidos, sino un mínimo de respeto a las instituciones. Se ha visto este verano con la polémica entre Gobierno y autonomías gestionadas por el PP en la gravísima cuestión de los incendios forestales, como se vio hace menos de un año en la dana de Valencia, que costó más de dos centenares de muertos. La responsabilidad primera de que las cosas hayan llegado a este punto hay que buscarla, como es lógico, en el Gobierno central y en las autonomías, a los que los españoles han dado su confianza para que gestionen sus intereses. Pero también hay que subrayar la que corresponde al Parlamento y en especial a la persona que encabeza el principal partido de la oposición. Ni unos ni otros están a la altura de lo que en estos momentos España demanda.