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La Junta de Andalucía va a recibir este año vía transferencias del Estado 3.425 millones de euros más que en 2023, un 14% de incremento hasta llegar a una cifra de 27.883, un récord absoluto nunca alcanzado en la historia de la autonomía. Lógicamente, ello no se debe a una mayor generosidad del Gobierno de Pedro Sánchez con la región, sino a un ciclo económico alcista que hace que el Estado ingrese más y pueda repartir más. Por su parte, la Junta asegura, aunque ahí los datos están muchos menos claros y hay versiones encontradas, que las sucesivas bajadas de impuestos acordadas por el presidente Juanma Moreno han supuesto un aumento de los ingresos propios por gestión de los tributos cedidos del orden de un 10%, aunque detrás de ese crecimiento esté también la buena marcha de la economía y no sólo el hecho de que el marco impositivo sea más benévolo. Ninguna de estas circunstancias contradice una realidad que se superpone a las cifras: Andalucía es una de las regiones peor financiadas de todo el sistema autonómico, que se debería haber renovado hace ya muchos años, y acumula un déficit histórico que en algún momento tendrá que ser resarcido. Sin embargo, también es conveniente anotar que este aumento de los ingresos de la Junta durante los últimos años no ha repercutido en una mejora sustantiva de los servicios públicos esenciales que presta: sanidad, educación y sanidad. Es más, el presidente Juanma Moreno declaraba hace sólo unas semanas que la Junta ha llegado al límite de disponibilidad económica para atenderlos y que no puede dedicar ni un euro más. Es fácil deducir que, junto a las dificultades derivadas del maltrato financiero que recibe, existen problemas de gestión en las áreas básicas de la administración que demandan soluciones inmediatas.
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