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Al sistema público de salud español se le abre un nuevo frente al quedar declarada desierta la licitación para prestar el servicio sanitario al millón y medio de funcionarios que son mutualistas en Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado). Ninguna aseguradora privada ha querido participar en esta contratación pública, porque la mejora que ofrecía la licitación –del 17,12%– no servía para cubrir las pérdidas que la prestación de este servicio estaba generando a las empresas y que se cifran en 600 millones de euros. Aunque Muface garantizó al millón y medio de mutualistas que seguirán recibiendo las mismas prestaciones sociales que tenían en los próximos años –la licitación cubría los ejercicios de 2025 y 2026–, los saturados servicios sanitarios autonómicos tendrían un serio problema para aumentar de golpe su base de usuarios en ese número, que en el caso de Andalucía sería de más de 320.000. El sector privado sí seguirá prestando servicios a otras mutualidades de funcionarios del Estado, como el Isfas –para el personal militar– o Mugeju –para trabajadores públicos del ámbito judicial–, con lo que la salida más viable es que en la nueva licitación urgente que ya se plantea haya una mejora de las primas que permita a las compañías prestar el servicio sin incurrir en pérdidas. En cualquier caso, es preciso destacar la contradicción que supone que un Gobierno que presume de la defensa de lo público y afea cualquier concierto en el ámbito autonómico mantiene los mayores contratos de prestación sanitaria con aseguradoras privadas para la inmensa mayoría de sus funcionarios. Además de que la licitación desierta es un síntoma de gestión ineficaz. La Junta de Andalucía, que tendría un problema grave si el SAS tiene que prestar el servicio sanitario a 320.000 usuarios más de la noche a la mañana, confía únicamente la solución a que el Estado licite y contrate de nuevo el servicio, por lo que se echa en falta algo de previsión en caso de que el Gobierno central no lo resolviese a tiempo.
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