Profesores con menos clases

El presidente del Gobierno anunció la semana pasada su intención de blindar por ley que la jornada lectiva de los profesores no supere las 23 horas a la semana en el caso de Educación Infantil y Primaria y 18 horas en Secundaria y Bachillerato. El camino escogido será largo y obligará a que se posicionen los distintos grupos políticos en el Congreso, cuando, además, las competencias educativas corresponden a las autonomías. Pero en realidad la mayoría de las comunidades ya fijan una actividad docente similar a la que ahora se pretende legislar de forma obligatoria. La excepción son Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, las dos primeras autonomías gobernadas por el PP y la tercera por el socialista crítico Emiliano García-Page. No es de extrañar el grado de escepticismo ante la iniciativa de Pedro Sánchez, que se presenta de esta formar como un adalid de la causa cuando en realidad no la hay. También parece evidente, una vez más, el ánimo de confrontar porque asoma en el horizonte su adversaria preferida, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Andalucía, por ejemplo, la Junta alcanzó un acuerdo en julio con los sindicatos y ya contempla un máximo de 23,5 horas de clase para los docentes en Infantil y Primaria y de 18 en la ESO y Bachillerato, que en circunstancias especiales puedan llegar a 21. Independientemente del periodo de permanencia en los centros educativos para la atención de tutorías, sistemas de evaluación, o tareas de refuerzo y recuperación entre otras obligaciones propias del profesorado. Y también ha aceptado la reclamación histórica de reducir la ratio de estudiantes en el segundo ciclo de infantil para pasar de 25 a 22 niños y niñas por clase. Un proceso que culminará en 2028. Bien es verdad que la ratio ya cae por el descenso de la natalidad. Es una lástima que, de nuevo, un debate importante en un área clave como la educación se sustancie con simples impulsos de oportunismo.