Después del Tamamazo, un omeprazol. Todo perfectamente previsible. El Comando Moncloa continúa su cacería en trincheras y barricadas y la Dama de Blanco, con dinerito fresco en su bolsillo estrena modelito en cada posado y se adorna con nuevos trenzados emulando a la más acrisolada burguesía. La campaña electoral ha comenzado oficialmente en el Congreso de los Diputados para mayor gloria de la irrelevancia. Será un ejercicio interesante medir la capacidad intelectual del presidente del gobierno para superar una sencilla prueba; una alocución de quince minutos ante las cámaras de televisión sin mencionar ni una sola vez las palabras; PP, Vox, derecha y extrema derecha. Apuesto que no sería capaz de enlazar palabras sin estas coletillas que son el fondo y la forma de sus discursos Si además y como choteo se veta la palabra "progresista" el presidente entraría en síncope. El resumen de aquella maratón en el Congreso es que todo sigue exactamente igual que antes del 21 de marzo, es decir mal o muy mal. No hay ninguna posibilidad que el gobierno y la oposición practiquen el loable esfuerzo del entendimiento, menos aún un pacto capaz de albergar alguna esperanza en el presente y el futuro. Sánchez anunció con su cuadratura mandibular de momentos solemnes que continuará con medidas progresistas, porque este es un gobierno progresista. Y por esta poderosa razón progresa adecuadamente de la mano del Tito Berni, afamado componedor, consumidor de sexo con tarjeta de pago y algunas sustancias estimulantes. El espejo de un partido que no conoce su rumbo. Eso si es progresar. Por si no hubiera habido suficiente progreso con aquellas minucias de Andalucía ahora toca la investigación a familiares de quien fuera directora general de la Guardia Civil y en aquellas fechas subdelegada del gobierno en Málaga. Años de abundante maná caído de un cielo progresista cuando los dineros públicos corrían hacia destinos oscuros. Coincidencias de las fechas, con el asunto que ahora lleva a su marido ante el juez. Este detalle, según el Ministerio de Interior irrelevante, ha empujado a la Directora General de la Guardia Civil a presentar la dimisión y ahora toca esperar. Antes y ahora, todo es progreso. En medio del cenagal de la política española, la degradación de las más altas Instituciones, llenan de estupor. Las recientes decisiones del Tribunal Constitucional y su particular interpretación de la recusación; "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercicio de profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en un asunto". Lo anterior afecta de pleno a Juan Carlos Campo por cuanto fuera miembro del Gobierno de Pedro Sánchez y por ello partícipe y conocedor de la decisiones del Consejo de Ministros tomadas todas ellas de manera colegiada. Por esa "" tan característica de la izquierda judicial, el que fuera ministro de justicia hace apenas un año se siente capaz y plenamente responsable como ponente sobre la sentencia que habrá de dictar el TC y que afecta al impuesto a grandes fortunas. Nadie medianamente informado podría esperar algo diferente a esta actitud vasalla de la mayoría de los miembros de este Tribunal. Cabe esperar una avalancha de resoluciones que avalen todas y cada uno de los decretos y leyes del gobierno recurridos ante el TC . El pudor no cabe en este escenario de progreso sin fin. Que se preparen PP, Cs y Vox, sus recursos ante el TC serán papel higiénico de segunda mano ante la sensibilidad progresista. Algunos escribimos sobre la importancia decisiva de este Tribunal y su capacidad de frenar algunas desviaciones gubernativas contrarias a la constitución. Creímos en la Justicia en todos su ámbitos y capacidades, el último asidero de la democracia y el Estado de Derecho. Ha bastado la renovación "express" para que la cruda realidad se imponga con la grosería del servilismo ideológico. Atendiendo el toque de silbato los miembros del CGPJ de "sensibilidad" de izquierdas anuncian una dimisión en bloque para obligar al PP a votar la renovación de este órgano judicial. Bien cabría meditar sobre la letra de la Constitución reinterpretada por el ministro de justicia, Juan Alberto Belloch, en 1985, siguiendo órdenes de Felipe González cambió el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Desde entonces hasta ahora los órganos rectores de la Justicia están salpicados de politización. Las evidencias son bochornosas tal como se observa desde la UE, que aconseja volver al sistema de 1978. La izquierda en general y el PSOE en particular tienen un peculiar concepto de la Justicia. Suceda lo que suceda de aquí a las elecciones generales, será muy difícil reconducir la situación política hacia la normalización de la vida pública. El derribo del "régimen del 78" es una infatigable labor de todos y cada uno d ellos miembros del gobierno social-comunista. Este era el verdadero propósito de Sánchez ,sus socios de gobierno y aliados parlamentarios en aquella moción de censura cuando Mariano Rajoy recibió la penúltima puñalada del PNV y abandonó toda obligación y decoro delante de una botella de whisky. De eso se trataba y por ello no fue preciso presentar ningún programa de gobierno, basó la aritmética parlamentaria para esta nueva etapa demoledora. Como vienen alertando numerosos juristas, España no es ajena a este envite que amenaza con dinamitar la esencia misma del Estado de Derecho; la separación de poderes. A este respecto se ha pronunciado Manuel Aragón, quien fuera Magistrado del Tribunal Constitucional , catedrático de Derecho y coordinador del informe sobre "España, democracia menguante". Según los autores España se desliza hacia un presidencialismo que cuestiona los fundamentos de la constitución, el presidente del gobierno actúa como un Presidente de Estado, no como un Presidente del poder ejecutivo, incluso se arroga competencias del Consejo de Ministros, tal como ha ocurrido en la vergonzosa cesión al reino de Marruecos de los derechos sobre la autodeterminación del Sahara. La merma de calidad democrática se muestra con mayor evidencia conforme Sánchez avanza en la autarquía. Nada ni nadie parece capaz de detener esta deriva hacia un cambio de régimen que nadie reclama y que haría saltar por los aires la constitución de 1978, la forma y representación del Estado, la división territorial de España y el estado social y de derecho. Este año se brinda alguna posibilidad de cambiar el rumbo de la política española. Sin embargo, surgen dudas sobre la voluntad y capacidad de un posible gobierno de las únicas dos derechas que se conocen, PP y Vox, para reparar el deterioro en las Instituciones devolver la confianza a los ciudadanos, restaurar las políticas de consenso y el respeto debido a las minorías sin necesidad del rugido de la jauría que puebla el parlamento. De otro modo no hay régimen democrático que pueda resistir las maniobras de derribo que se prolongan desde 2004 cuando el PSOE ganó las elecciones con José Luis Rodríguez Zapatero de Presiente del Gobierno.