Todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", artº 47 de la Constitución española de 1.978.

Los españoles sin distinción alguna adquieren ese derecho a la vivienda, ¿los no españoles también? Cuestión sin resolver cuando las cifras de la inmigración ilegal son sobrecogedoras. Al margen de nacionalidades lo que queda manifiesto es que la tutela de los derechos constitucionales, este y otros, son competencia y responsabilidad del Estado, o sea del Gobierno que representa al Estado. Una de las obligaciones del Gobierno en ese sentido es la promoción de viviendas sociales para el acceso de los ciudadanos más vulnerables ya que las promociones inmobiliarias privadas están legitimadas a obtener el beneficio propio de cualquier economía libre de mercado.

Algo tan elemental es perfectamente entendible y asumible en cualquier país democrático donde se respete el mecanismo de regulación; la oferta y la demanda. Cabe suponer que el mercado español está protegido por leyes acordes con dichos principios extendidos en todos los países que aceptan la democracia y la propiedad privada, es decir, todos los que forman parte de la UE donde la propiedad privada es pilar básico y fundacional de esta organización. En España desde el inicio de la transición el sector inmobiliario ha sido uno de los impulsores del desarrollo económico y social. Desde 1.978 nadie dudó de la legitimidad de sus inversiones en locales y viviendas amparados por la seguridad jurídica que tutela el Estado de Derecho. Muchas de esas viviendas fueron adquiridas por particulares para su uso propio o para el legítimo derecho al alquiler. Otras heredadas según el derecho de sucesión en vigor. Todas sin matices de procedencias son patrimonio de millones de españoles amparados constitucionalmente por el derecho a la propiedad privada sin limitación de numero de propiedades ni el libre uso de las mismas.

Las cifras del esfuerzo del Estado por ofrecer viviendas de alquiler social son desoladoras. Los últimos datos publicados en 2019 señalan que solo el 1,1% de la oferta de vivienda en alquiler son de protección social. El resto, es decir el 98,9% corresponde al sector privado. Resulta vergonzoso que los sucesivos gobiernos de España, también los gobiernos autonómicos o municipales se hayan preocupado por la calificación del suelo y la concesión de licencias en operaciones tantas veces turbias que han sido y son la matriz de la corrupción. También guiados por el cobro inexorable de impuestos ; licencias, tasas, IBIS ,plus valías etc. Lo lamentable es que con estos ingresos no hayan atendido la demanda social de viviendas protegidas en España. Las sucesivas crisis económicas han llevado a millones de ciudadanos de las clases medias a los umbrales de la pobreza resultando una cifra escandalosa la pobreza extrema en España que solo se supera en Estonia, Lituania y la República checa. El aumento del coste de la vida y otras circunstancias adversas hacen muy difícil el acceso a la vivienda en el mercado libre. Para resolver estas situaciones están los poderes públicos, singularmente el Gobierno cumpliendo con la obligación de ofrecer viviendas de protección oficial a precios asequibles en compra o en alquiler.

Los últimos gobiernos de España están conociendo la creciente demanda social de ayudas públicas para el alquiler. Los gobiernos presididos por Rodríguez Zapatero o por Pedro Sánchez no han cumplido mínimamente con la responsabilidad social que corresponde al Estado. Ambos elevaron sin medida los gastos de las estructuras políticas y administrativas del Estado, de las CC AA y los ayuntamientos a niveles de dispendio. El actual Gobierno de España formado por dos partidos que se reparten 22 ministerios, cuatro vicepresidencias, miles y miles de asesores y altos cargos que multiplican los gastos del dinero público para una población 47 millones. En Alemania gobiernan tres partidos con 16 ministerios para una población de 84 millones. Estas cifras comparativas resultan escandalosas porque señalan el reparto de un botín entre los gobernantes españoles. Siendo conscientes de la escasa oferta de viviendas sociales, el PSOE y sus socios de Podemos e Izquierda Unida tramitan normas lesivas a la propiedad e incitan las ocupaciones ilegales de cualquier vivienda. El fenómeno okupa se ha extendido a lo largo y ancho de España sin respeto alguno de los derechos de sus legítimos propietarios. El Gobierno incapaz de atender esta demanda social traslada a la propiedad privada la responsabilidad intransferible en cualquier Estado de Derecho democrático. Hablamos de comunismo en su primaria tiranía. Los dirigentes comunistas en el gobierno insisten sobre el derecho a la vivienda. Los inversores privados, particulares y empresas pueden adquirir multitud de bienes supuestamente protegidos por las leyes del mercado libre; activos financieros, materias primas, tierras ,acciones, etc. Bienes con fines especulativos perfectamente legítimos y por ello sin penalización alguna. Pero han de cuidarse de adquirir viviendas para su propio uso o para el mercado del alquiler porque actualmente sus inversiones no están debidamente protegidas por el Estado ¿En qué artículo de la Constitución o de las leyes ordinarias se menciona esta limitación o algún tipo de penalización? En ningún artículo porque en una economía de libre mercado no puede limitarse el uso del dinero legítimamente adquirido. Tampoco señala la Constitución ni las leyes que los ciudadanos hayan de suplir con su esfuerzo y sus ahorros lo que el Estado no es capaz de cumplir. Al igual que ocurre con las carreteras, autopistas, hospitales, escuelas, universidades y todas las estructuras que fomenta el Estado en beneficio de los ciudadanos. Estos se limitan a pagar sus impuestos y ahí terminan sus obligaciones.

El fenómeno okupa se ha extendido en toda España y las cifras señalan un aumento alarmante. Políticos de ideología comunista en el Gobierno, en Comunidades autónomas y en Ayuntamientos fomentan e incitan a la okupación promoviendo leyes contra la propiedad privada e incluso ofreciendo ayudas sociales a los okupas para que no hayan de acudir a un trabajo y mantengan las viviendas permanentemente okupadas. El desorden y la violencia se han adueñado de barrios, urbanizaciones y núcleos urbanos en toda España causando perjuicios económicos y psicológicos a miles y miles de propietarios que están desprotegidos y algunos en situación ruinosa impotentes ante la violencia de las mafias organizadas . No reciben la respuesta eficaz de quienes debieran proteger los derechos de los propietarios; singularmente los legisladores y todos los funcionarios y poderes públicos que han de velar por el cumplimiento de las leyes. Okupas; que no haya confusión; hablamos de comunismo.