Clavadas en el Estado de Derecho, banderillas negras hunden el ánimo de esta sociedad que ha decidido no asumir su ineludible compromiso con el sistema democrático. Unos cuantos analistas y periodistas “atrevidos” tratan de poner en claro la situación límite donde una clase política degradada ha conducido mansamente a 48 millones de españoles.
Por orden cronológico. En Pamplona, una horda bien organizada persiguió y dio caza a un periodista, José Ismael Martínez, reportero del diario digital el Español con carnet de identificación profesional colgada sobre el pecho. Acudió a Pamplona para ejercer su labor informativa sobre un acto anunciado en la Universidad. La horda de encapuchados le identificó y le persiguió hasta darle caza, le propinaron una brutal paliza produciéndole heridas en el ojo y en la cara. La imagen de un rostro sangrando nos retrocede a los años de sangre y plomo cuando celebramos casi cincuenta años de democracia.
Como denuncia el director del Español, además del acto criminal, cabe reprochar el silencio del Gobierno de España, de sus socios y aliados parlamentarios tan dispuestos a condenar otras violencias. Los actos de violencia se repiten Vitoria, Barcelona, Pamplona y el gobierno calla. Y el clan de periodistas sincronizados y bien engrasados, también callan. Este mismo gobierno y sus socios rugen contra la alternancia democrática tratando de atemorizar con el slogan “que viene la derecha y la ultraderecha”. Parece ser el único blindaje emotivo frente a la corrupción instalada en el gobierno y algunos de sus socios. Callan, pero no ignoran que la extrema izquierda comunista y separatista sigue actuando impunemente en aquel territorio que considera “suyo”. Es parte del pacto no escrito entre Sánchez y Bildu. El terror que no cesa, la pesadilla que acompaña jornadas de dolor sigue siendo noticia en esta España de 2025. La derecha podría llegar al poder según la voluntad de los españoles, pero la única realidad en esta fecha es el rostro de un periodista ensangrentado, vilmente apaleado. No hay que esperar para el dolor, aquí y ahora está instalada la violencia de la extrema izquierda comunista, ahora disfrazada bajo la etiqueta “antifascista” pero idéntica barbarie de los Camisas Pardas de Hitler o los Camisas Negras de Mussolini, fieles al manual de agitación y disturbios que dejó sembrado un reguero de terror en Europa.
El Fiscal General del Estado está siendo juzgado por el Tribunal Supremo, una estampa estrambótica, tercermundista y deprimente; el Estado contra el Estado. Una indignidad monumental que arrastra el prestigio de la Institución garante de la legalidad. Garcia Ortiz se comporta como servil defensor de las desmesuras de Pedro Sánchez, también de la presunta corrupción que envuelve a su entorno familiar y político. Y asi, degenerando, degenerando, ha llegado hasta el banquillo de los acusados frente a siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Cuando el Fiscal General se convierte en acusado el sistema democrático ha fracasado y confirma que Sánchez ha corrompido la dignidad de las Instituciones. Sin rubor alguno el Fiscal luce toga y puntillas frente al Tribunal y elude toda autocrítica sabiendo bien que es la primera vez en la Historia de España que El Ministerio Público se juzga por el presunto delito de vulnerar la confidencialidad de una causa que está obligado a guardar. La imagen hace muy visible la sospecha que la Fiscalía ha sido arrastrada al barro de la peor política. Por argucias y enredos, como borrar apresuradamente los mensajes y cambiar de móvil al conocerse la imputación, será muy complicado encontrar prueba fehaciente de un delito. En todo caso, el daño ya está hecho y el desprestigio de la Fiscalía irreparable.
Frente a la propaganda repetida por ministros y socios del gobierno sobre el supuesto law-fare en la imputación de Garcia Ortiz, basta mencionar las declaraciones al diario el Mundo del Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón; “ existen indudables indicios de responsabilidad penal en la actuación de García Ortiz, es un hecho anómalo sin precedentes” Y añade, “ un fiscal no puede sucumbir al relato político”, Los hechos por los que se imputa a García Ortiz suponen un ataque a los fundamentos del ejercicio de la abogacía, del derecho de defensa de cualquier ciudadano y por tanto, del Estado de Derecho”. Por estas razones , en defensa de los abogados y de los derechos de los ciudadanos el Colegio de Abogados de Madrid se ha presentado como acusación en esta causa.
No podrá el gobierno, ni sus socios ni la izquierda tildar de derecha o ultraderecha al Colegio de Abogados de Madrid que representa a 74.582 profesionales de la abogacía de todas las ideologías, el más grande España y uno de los más grandes y prestigiosos de Europa. Mas allá de cualquier intencionalidad, El Fiscal General del Estado se enfrenta al repudio profesional más cualificado y esta circunstancia bastaría para haber presentado su dimisión y no verse arrastrado al banquillo de los acusados como un presunto delincuente .
