Resulta evidente, la corrupción política ha sido desde los albores de la democracia moderna tras la dictadura franquista, un cáncer lento pero incesante que ha podrido instituciones, debilitado el Estado de Derecho y envilecido la conciencia cívica. Desde el primer gobierno de Felipe González hasta los días que vivimos bajo el sanchismo, la historia de España puede leerse también como una crónica judicial. Con la llegada del PSOE al poder en 1982, de la mano de un joven Felipe González que prometía aire fresco y modernidad, muchos españoles creyeron en una regeneración del sistema. Pronto se demostró que el poder, como advertía Lord Acton, tiende a corromper, y el poder absoluto, a corromper absolutamente. Los escándalos se sucedieron: el caso Filesa, Malesa y Time Export (1991), por financiación ilegal del PSOE; el caso GAL . En 1998, altos cargos como el exministro José Barrionuevo y Rafael Vera fueron condenados a prisión. Y como episodio grotesco, los latrocinios de quien fuera Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, que se fugó de España con parte del botín robado a la propia Guardia Civil. La sentencia de la opinión pública, sin embargo, fue más inmediata: en 1996 el PSOE perdió el poder tras 14 años de hegemonía. Con José Luis Rodríguez Zapatero , la complacencia se instaló en Andalucía y Asturias y la corrupción no desapareció pero mutó a peor. Fue una etapa de silencios cómplices, de mirar hacia otro lado mientras el clientelismo campaba por Andalucía. El caso de los ERE, la mayor malversación de fondos públicos de la historia de la democracia , se gestó durante sus años de Gobierno. En 2019, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, junto a otros dirigentes socialistas fueron condenados por el fraude de los ERE superior a 680 millones de euros. El PSOE volvió a pagar el precio político en las urnas; perdió el Gobierno andaluz en 2018, tras 36 años de dominio socialista. Ante la apariencia de impunidad se sucedieron otros episodios igualmente escandalosos, Bahia de Cádiz, Merca-Sevilla, Tarjetas Black, FAFFE, y otros. El denominador común, ilegalidades sobre dinero público, recalificaciones del suelo, subvenciones ilegales, nepotismo y clientelismo, en muchos casos regados con cocaína y copas en lujosos burdeles. Los gobiernos del Partido Popular no salieron mejor parados. Entre los más impactantes el caso Púnica, el caso Gürtel o Bárcenas, una red corrupta de empresarios y políticos que medraron a la sombra del partido, estalló en 2009 y llevó a prisión a nombres como Francisco Correa, Luis Bárcenas o Ignacio González. Asimismo y por otros asuntos de corrupción fueron enviados a prisión el consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y el que fuera todopoderoso Ministro de Economía, Rodrigo Rato. La sentencia de la Audiencia Nacional en 2018, que estableció la existencia de una caja B en el PP y cuestionó la veracidad del testimonio del entonces presidente Mariano Rajoy, fue el detonante de la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Ironías de la política: el PSOE regresaba al poder prometiendo “regeneración democrática”. El nuevo presidente se dirigió a la nación desde el Congreso de los Diputados con un discurso vibrante sobre la regeneración de la política española. Pronto pudo comprobarse que lo que trajo con sus pactos y alianzas, así como ministros y ministras sin la mínima formación elemental , ha sido la degeneración del sistema. Desde 2018, la palabra “regeneración” ha perdido todo significado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido una sucesión de escándalos, ceses forzados, investigaciones judiciales y silencios estruendosos. La corrupción ya no es un accidente del sistema, sino un método de gobierno. Ahora se conoce otro caso de presunta corrupción ocurrida en 2018 que señala al exministro Cristóbal Montoro, del PP, quien ha sido investigado por la UCO por favorecer desde el Ministerio de Hacienda a un despacho de lobby fundado por él mismo. Esto revela que la corrupción no conoce siglas, aunque sí consecuencias políticas. Caso de probarse estas maniobras sería estimulante para la sociedad española ver a Cristobal Montoro de acompañante de Cerdán en Soto del Real. Pero un apunte preciso; a Pedro Sánchez nunca se le pidió responsabilidad por los escándalos de González o de Zapatero a pesar de haber liderado el ranking de la corrupción en España. Por elemental coherencia, sería profundamente injusto ahora reclamar la dimisión de Alberto Núñez Feijoo o pedirle explicaciones por acciones de las que no fue responsable ni conocedor durante el mandato de Mariano Rajoy. Cicerón escribió que “la salud del pueblo está en la supresión de la corrupción”. En España la corrupción no solo no se suprime, sino que se institucionaliza. Se legisla para blindar a los afines, se aniquila la acción popular en los tribunales, se gobierna por decreto y se niega la legitimidad al Parlamento. Esta deriva autocrática no es solo un problema moral, sino estructural. España ha caído diez puestos en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, ocupando en 2025 el puesto 46, al nivel de Ruanda y Botsuana. La degeneración del régimen no es una figura literaria, es una estadística. No es patrimonio de un partido, pero ha sido gestionada con particular desvergüenza por quienes hicieron de la mentira y la impunidad un modo de gobierno. Y el sanchismo, (degeneración del socialismo) ha llevado esta máxima a su paroxismo; lo ha corrompido todo, ha corrompido incluso la esperanza. El mayor daño no es solo el robo de fondos públicos, sino el saqueo de la fe de los ciudadanos en la democracia. En la hora del descrédito parece que el poder ya no tiene freno. Y eso es corrupción en estado puro. Este será el primer reto de quien pueda gobernar España en los próximos años.
