En marzo de 2014 Rusia se anexionó Crimea y envió tropas sobre la frontera en el Donbás, en el este de Ucrania. Esta situación dio lugar a que ese mismo año el Ministerio de Justicia ucraniano solicitara la prohibición del Partido Comunista por “prestar apoyo a los separatistas en el este de Ucrania”. Ese mismo año, el entonces presidente de la Rada Suprema (Parlamento) ucraniano disolvió el grupo parlamentario Comunista, declarando que “espero que nunca más haya grupos comunistas en la Rada Suprema”. En 2019, el objetivo de la integración en la Unión Europea y en la alianza euroatlántica se incorporó a la Constitución de Ucrania como una visión de consolidación en el ámbito nacional de los valores democráticos europeos, lo que pudo ser el detonante de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, coincidiendo con la efeméride de los 90 años de lo que los ucranianos llaman “Holodomor”, la muerte por inanición de aproximadamente cuatro millones de ucranianos en la hambruna de 1932-33. Aunque el Holodomor fue silenciado durante décadas en la Europa democrática gracias al eficiente aparato de propaganda de la Internacional Comunista, en diciembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución reconociendo como genocidio esta hambruna infligida por el régimen soviético a los ucranianos.
A los 90 años de este genocidio, con la invasión en febrero de 2022 el régimen ruso puso en marcha un plan de traslado forzoso de civiles desde territorio ucraniano ocupado a territorio ruso, separando durante este proceso a niños y niñas de sus familias, lo que viola el derecho internacional humanitario, constituyendo crímenes de guerra. Este hecho, junto con los ataques deliberados a la población civil ucraniana, dio lugar a que la Corte Penal Internacional (CPI) abriera una investigación en marzo de 2022 por presuntos delitos cometidos en el contexto de la situación en Ucrania desde el 21 de noviembre de 2013 (se remonta a las operaciones encubiertas de las fuerzas rusas en apoyo a los rebeldes pro rusos en el Donbás).
El resultado de esas investigaciones fue la emisión en marzo de 2023 de órdenes de arresto contra Putin y cinco acusados más: la comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación de Rusia, María Alekseyevna Lvova-Belova; el teniente general de las Fuerzas Armadas rusas Sergei Ivanovich Kobylash, que en el momento de los hechos investigados era comandante de la Aviación de Largo Alcance de las Fuerzas Aeroespaciales; el Ministro de Defensa de la Federación de Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu; el almirante de la Armada rusa Viktor Nikolayevich Sokolov, que en el momento de los hechos era comandante de la Flota del Mar Negro; y el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y Primer Viceministro de Defensa de la Federación de Rusia Valery Vasilievich Gerasimov.
Al cumplirse este mes el cuarto año de guerra, las fuerzas rusas siguen cometiendo crímenes de guerra sobre la población civil ucraniana, ante la pasividad de las democracias europeas, cuyas sociedades ya no se sobresaltan con las noticias diarias de ataques rusos con drones y misiles a barrios residenciales ucranianos. La insistencia rusa en este tipo de ataques sobre la población civil sólo puede ser consecuencia de su impotencia para conseguir la victoria en el campo de batalla, donde la situación se ha enquistado en una línea de frente que se extiende a lo largo de unos 1.000 kilómetros. Una situación que afronta Ucrania con crecientes dificultades para sostener el esfuerzo de guerra, generando un escenario que refuerza el relato promovido por el Kremlin, según el cual, el tiempo juega a su favor y que Ucrania acabará viéndose obligada a aceptar un cese de hostilidades en condiciones favorables a sus objetivos. Sin embargo, este relato plantea serias dudas en cuanto a que, aun conservando la iniciativa militar, el Kremlin también se enfrenta a tensiones internas crecientes, económicas, sociales y políticas, que elevan los riesgos que la continuación de la guerra plantea para la estabilidad del propio régimen.
Esta situación de impasse en la guerra, también está generando tensiones internas en la propia Unión Europea, que debe tener claro que en suelo ucraniano se está luchando por la libertad y la democracia frente al totalitarismo neocomunista ruso liderado por el presunto criminal de guerra Putin, un sátrapa con orden de detención de la CPI en vigor.
