Una decisión amarga como la tuera

La expresión "más amargo/a que la tuera" no es muy habitual hoy en día, pero sí que nuestros mayores la conocen y la han utilizado. Si buscamos en el Diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra "tuera", nos remite a la palabra "coloquíntida", a la que define como planta de la familia de las cucurbitáceas, cuyo fruto es de corteza lisa, de la forma, color y tamaño de la naranja y muy amargo. De aquí que se emplee la palabra "tuera" para manifestar lo amargo que puede resultar algo. Pues eso es lo que me ha sucedido con la decisión tomada por nuestro Gobierno respecto a la situación del Sahara Occidental.

En el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas (NU) se definen los Territorios No Autónomos (TNA) como "territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio". La Asamblea General, en Resolución de diciembre de 1946, aprobó una relación con 72 TNA reconocidos en esa fecha, de los que en la actualidad aún quedan 17, entre los que se encuentra el Sahara Occidental, cuyo proceso de descolonización por parte de nuestra Nación fue interrumpido en 1976 cuando, como Potencia Administradora, abandonamos el territorio en virtud de la Declaración de Principios (Madrid, 1975) entre nuestra Nación, Marruecos y Mauritania. En reiteradas ocasiones, la Asamblea General de NU ha reafirmado que la cuestión del Sáhara Occidental es un problema de descolonización que debe resolver el propio pueblo saharaui.

En este asunto, conviene recordar que la Corte Internacional de Justicia, a través de la opinión consultiva del 16 de octubre de 1975, estableció por unanimidad que el Sahara Occidental, en el momento de su colonización por España, no era un territorio sin dueño (terra nullius), y que ni Marruecos ni Mauritania tenían derechos de soberanía. Además, dictaminó que seguía, por tanto, siendo de aplicación la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Pero como el mismo dictamen recogía que "no obstante, proporcionan indicaciones de que, en el periodo pertinente, existían vínculos jurídicos de lealtad entre el Sultán y algunos, pero solo algunos, de los pueblos nómadas del territorio, por conducto de los caídes Tekna de la región Noun, y muestran que el Sultán ejercía, y otros Estados reconocían que poseía, cierta autoridad o influencia respecto de esas tribus.", es lo que sirvió de pretexto a Marruecos para organizar la conocida como "Marcha Verde", una acción cobarde y ruin del Rey marroquí de lanzar a civiles contra las posiciones de nuestro Ejército en la frontera del Sáhara con Marruecos. Ante esa situación, nuestro Gobierno, después de haber "desenvainado la espada con razón" (desplegado lo más florido de nuestro Ejército), "la envainó sin honor" (lo replegó y dejó las puertas abiertas de nuestros Cuarteles al Ejército marroquí), y firmó en noviembre de 1975, en Madrid, la Declaración de Principios con Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental, por la que nuestra Nación ratificaba su resolución de

descolonizar el territorio del Sahara Occidental, poniendo término a las responsabilidades y poderes que teníamos sobre dicho territorio como Potencia Administradora, procediendo de inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio en la que participarían Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemaâ (asamblea saharaui), respetándose la opinión de la población saharaui, expresada a través de la citada Yemaá. De este principio hemos llegado al final que ya conocemos: en 1976, Marruecos y Mauritania se repartieron el Sahara Occidental; en 1979, Mauritania abandonó el territorio que había ocupado, que a su vez se anexionó Marruecos, el cual, ya teniendo en sus manos el control de la mayor parte del territorio, en vez de convocar un referéndum para que el pueblo saharaui decidiera su futuro (lo que deberíamos haber hecho nosotros), "anda mareando la perdiz" desde entonces, para que todo quede al final en un referéndum de autonomía bajo soberanía marroquí, descartando la opción de autodeterminación del pueblo saharaui, lo que contraviene las distintas resoluciones de NU sobre los Territorios declarados como No Autónomos. Y a esta tesis marroquí es a la que ahora se adhiere nuestro Gobierno, después de mantener los postulados de NU desde que en 1976 abandonamos el Sahara Occidental.