Alas puertas del Tribunal Supremo Baltasar Garzón y Dolores Delgado; el Dúo Sacarino siempre dispuesto a sazonar cualquier salsa entre el bullicio populista. Ambos son conscientes de su papel en esta embestida contra el Alto Tribunal. El, por haber sido condenado e inhabilitado por este mismo Tribunal por admitir escuchas entre los abogados y sus clientes . Actuación que fue calificada por el Tribunal como delito de prevaricación que vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos. Y ella no vio consolidado su ascenso a Fiscal de Sala porque el Tribunal Supremo estimó que su nombramiento se realizó con desviación de poder, es decir con finalidad distinta a la normativa de previsión de vacantes . Añadir, que el caso de Garzón se asemeja a al reciente fallo del Tribunal Supremo que condena al ciudadano García Ortíz por haber revelado información que tenía el deber de custodiar y que vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos. Gran similitud en el oscuro final de ambos juristas inhabilitados. Y el caso de Lola también se relaciona con la condena del ciudadano García Ortíz porque fue el, en su condición de Fiscal General, quien la propuso a sabiendas que Lola no cumplía algunos requisitos para tal nombramiento. Que menos que acudir ambos a arremeter contra este Tribunal arropados por un gentío que clamaba contra la “injusticia” de esta otra condena a un delincuente. La muy escasa de luces Yolanda Díaz convoca a las masas para manifestarse ante el T. Supremo porque según ella habría cometido un Golpe de Estado. Apenas hay tiempo para respirar entre tanto golpe de Estado.
Analizando detenidamente el mensaje del Dúo Sacarino y sus acompañantes la conclusión resulta muy desalentadora, ¿podría el ciudadano común confiar en un Tribunal que lleva a sus espaldas un golpe de Estado contra el gobierno?.Y a continuación, ¿Cuánto habría que arriesgar para salvar al ciudadano Garzón, a la ciudadana Lola y el ciudadano Garcia de las garras de esos jueces y magistrados presuntamente prevaricadores? La literatura ficción da para mucho, y a ella se enfrenta una fría realidad; la Ley es igual para todos al amparo del Estado de Derecho, no cabe distinguir entre delincuentes, por el hecho de serlo se igualan en la balanza de la Ley .Pero como no hay final plenamente ajustado a la razón, la Ley puede ser interpretada , reconsiderada y administrada “creativamente” para desvirtuar el sentido propio de las condenas. Basten algunos ejemplos recientes. El Tribunal Supremo, condenó a un alto dirigente socialista, Jose Antonio Griñán a varios años de cárcel por uso fraudulento de caudales públicos, 670 millones de euros. El que fuera Presidente de la junta de Andalucia jamás cumplió ni un día de condena, continua su vida cotidiana como si nada hubiera ocurrido. Y como el, otros altos dirigentes socialistas de Andalucía. La moraleja que el ciudadano común puede extraer de estos ejemplos; la Justicia es plenamente democrática cuando se condena a adversarios políticos del PSOE , también cuando condena al yerno del Rey. Pero cuando se trata de “uno de los nuestros”, se comete una “injusticia flagrante”. Siempre quedará el recurso a TC cuya encomiable temporada de rebajas aún no ha concluído; Grinán y el prófugo Puigdemont como ejemplos de total actualidad.
Tras el rugido y la furia desatados contra la sentencia y el Tribunal Supremo por haberse atrevido a condenar a un “protegido” del gobierno y sus socios filo terroristas, estalinistas y otras tribus similares, la sociedad asiste perpleja a un llamamiento público que asemeja a una subversión del Estado de Derecho por la vía de la fuerza de la calle. En esta situación, ¿Qué Tribunal sería capaz de condenar a un político corrupto o prevaricador cuando su partido detenta el poder? Resaltar que el ciudadano Garcia Ortiz ha actuado como consumado miembro de un partido político. De prosperar los avisos del presidente del gobierno y sus replicantes sobre el anunciado recurso ante el TC y caso que Garcia Ortiz se beneficiara de las rebajas, la severidad penal quedaría selectivamente relegada al ciudadano común. Sería en suma la liquidación del Imperio de la Ley. Es decir, la primacía del poder ejecutivo sobre la Administración de Justicia.
El cinismo y la soberbia son armas de los déspotas y autócratas. Hay que acumular mucho cinismo y mucha soberbia cuando uno de los tres poderes del Estado llama a la sociedad a presionar a otro de los poderes En sus términos políticos sería un golpe de Estado contra la democracia como lo describen prestigiosos autores Se trata de aglutinar en una sola persona los tres poderes del Estado. El gobierno está en la labor de auto-absolverse de cualquier delito mediante un blindaje de impunidad, para ello es preciso desprestigiar al poder judicial. Si esto resultara eficaz habría que preguntarse, ¿Y después qué?
García Ortiz había sido previamente considerado no idóneo para Fiscal General por el CGPJ. ¿Qué precio habría de pagar la democracia española por la condena de un ciudadano togado que ha desprestigiado la Justicia actuando como activista político?
