El 28 de abril de 2025 sufrimos un corte en el suministro eléctrico que provocó el apagón energético en todo el territorio peninsular. Ocho meses y medio después, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a raíz de este apagón eléctrico al no existir un mínimo indicio de que se tratase de un sabotaje terrorista. El magistrado adopta esta decisión una vez recibidos todos los informes técnicos solicitados en los que se descarta “de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”. Informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, del Mando Conjunto del Ciberespacio y del Instituto Nacional de Ciberseguridad avalan la no existencia de indicios que apunten a un ataque de actores estado o grupos terroristas. El juez también refiere el informe emitido por la Comisaría General de Información tras analizar las grabaciones y correos proporcionados por Red Eléctrica Española (REE), relativo a las conversaciones e intercambio de información que tuvieron lugar desde los centros de control en el período comprendido entre los días 18 al 30 de abril, concluyendo que en ninguno de estos audios y correos electrónicos se hace alusión a un ciberataque o intrusión a los sistemas de REE.
En paralelo a la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional, el Gobierno creó el 30 de abril el Comité para el análisis de la crisis de electricidad, presidido por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico e integrado por presidencia del Gobierno (Departamento de Seguridad Nacional), varios ministerios y organismos dependientes e independientes, para hacer una auditoría completa sobre el incidente. El informe de esta auditoria se presentó el 17 de junio con la conclusión de que el “cero eléctrico” se produjo por un problema de sobretensión con un origen multifactorial: el sistema contaba con una capacidad de control de tensión insuficiente, se produjeron oscilaciones que condicionaron la operación del sistema y se desconectaron instalaciones de generación, en algunos casos de un modo aparentemente indebido, aprobando desde entonces el Gobierno en sucesivos Consejos de Ministros un paquete de medidas para incrementar la robustez del sistema eléctrico. Conclusión que el juez instructor recoge en su resolución, señalando “que faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, pues había un parque de generación más que suficiente para responder”, indicando finalmente que a raíz de las diligencias de instrucción practicadas se infiere un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica.
La resolución judicial y el informe del comité de expertos avalan sin lugar a dudas que el apagón fue el resultado de un problema interno de gestión de nuestro sistema eléctrico, que se produjo sin la protección ni la certidumbre de un plan de seguridad energética. Si bien desde 2015 disponemos de una Estrategia de Seguridad Energética Nacional, que debía actualizarse quinquenalmente, sólo dos años después, en 2017, el Gobierno del presidente Rajoy admitió que este documento había quedado obsoleto y así lo reflejó la Estrategia de Seguridad Nacional de ese año. A pesar de ello, desde que en 2018 el presidente Sánchez llegara al poder y casi nueve meses después del apagón, sigue sin aprobarse un nuevo documento de Estrategia de Seguridad Energética Nacional que refleje las medidas necesarias para evitar que se repita.
Independientemente de la aprobación de ese nuevo documento, es imperativo saber quién fue el responsable del apagón, y aunque todos los indicios apuntan a REE como operador (en régimen de monopolio) responsable de que la electricidad esté siempre disponible allí donde se necesite, esta descarga toda responsabilidad en las empresas eléctricas, mientras que el gobierno, en un claro ejemplo de inacción al no tomar las medidas oportunas en su momento para actualizar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, se quita de en medio repartiéndola entre REE y empresas.
