Tribuna

Javier Pery Paredes

Almirante retirado

La guerra del Golfo

La participación española nació para contribuir al embargo que impuso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para desalojar a las tropas de Sadam Hussein del Kuwait

La guerra del Golfo La guerra del Golfo

La guerra del Golfo

Hace treinta años, una tarde marzo aterrizaba en Getafe, al sur de Madrid, el avión CASA C-235 del Ala 35 del Ejército del Aire que repatriaba al Comandante de la Agrupación naval española en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, el Capitán de Navío Rapallo (d.e.p.), después de permanecer en la zona siete meses sin pausa. Días después informó al recién nombrado Ministro de Defensa, Julián García Vargas, sobre la participación española en la coalición que lideraba Estados Unidos y liberó Kuwait de la ocupación iraquí.

La exposición de las operaciones fue, además de detallada, tan clara que el buen ministro pudo constatar que se siguieron a raja tabla las indicaciones del Gobierno. Tanto así que comentó que en este ministerio mandas cien cosas y se cumplen noventa y nueve, y de la que falta, te explican qué impidió cumplirla. Fue una primera impresión que la Armada le dio sobre la institución en la que apoyarse y la organización profesional en la que confiar. Y ya se sabe, solamente hay una oportunidad de dar una primera buena impresión.

La participación española en aquella guerra nació para contribuir al embargo que impuso el Consejo se Seguridad de Naciones Unidas para desalojar a las tropas iraquíes de Sadam Hussein del Kuwait invadido en agosto de 1990. La tarea era una operación marítima que obligaba a fiscalizar el paso de buques y, sobre todo, las cargas que transportan. Existían poderosas razones, estrictamente nacionales, para participar en ella. Desde el ámbito diplomático: apoyar la candidatura de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y desde el económico: asegurar el suministro de petróleo a las refinerías españolas. Cuestiones fáciles de entender por la opinión pública.

Sin embargo, menos digerible socialmente era la presencia de marineros de reemplazo en los buques y, desde el punto de vista político, el apoyo indirecto que se daba a Estados Unidos, después de obligarles a llevarse a otro sitio, pocos años antes, los aviones de combate de la base aérea de Torrejón y los submarinos nucleares de la base naval de Rota. Las dos cuestiones tenían naturaleza diferente pero crecían en el mismo sustrato: la falta de conciencia sobre la necesidad de la Defensa y el desapego hacia la milicia.

La oposición porque sí al servicio militar y el vehemente "anti-americanismo" tenían mucho que ver con la neutralidad española en las guerras mundiales y el sangriento partidismo en las internas durante el siglo XX. Para una sociedad que desconoció la amargura de la ocupación extranjera, como sucedía en la práctica totalidad de las naciones europeas que tenían barcos en el Golfo, admitir que España debía participar en la guerra era más difícil de aceptar que la utopía de la paz.

Así, ni fuerzas armadas ni alianzas militares se percibían necesarias. Proliferaban los eslóganes: Servicio Militar ¡no!, OTAN ¡no! Bases ¡fuera! Siempre negativo, nunca positivo, hubiera dicho Van Gaal sobre la situación. Nada sobre la contribución positiva del servicio militar a la cohesión social del país y a la formación profesional de muchos españoles. Tampoco a la aportación de Estados Unidos, con su presencia, a la defensa de España. Se esquivó cualquier debate sobre la utilidad de tal servicio social y se guardó silencio sobre todo lo demás. Por parafrasear a un oficial de marina brasileño, entonces en Madrid, se tenía una solución: acabar con el servicio militar; tan sólo había que enunciar un inexistente problema.

Menos sencillo fue la "cuestión americana", a pesar de que los hechos precedentes se imponían. Los acuerdos hispano-americanos de 1953 facilitaron el ingreso de España en Naciones Unidas en 1955 y la incorporación a la Alianza Atlántica en 1982 fue imprescindible para acceder las Comunidades Económicas Europeas en 1985. Ya se sabe que primero hay que ser amigos (o por lo menos dejar de ser enemigos) y después socios. La reciproca suele darse en pocas ocasiones.

Así, la solución fue una participación condicionada: defender sin atacar; algo que se cumplió al pie de la letra y que sirvió para que clase política y opinión pública percibieran que estar en el mundo conllevaba participar en contiendas, aunque sea con limitaciones, y que las fuerzas armadas españolas estaban a la altura de poder hacerlo. Así se entienden las decisiones posteriores de autorizar la presencia militar española el Kurdistán turco y Bosnia-Herzegovina meses más tarde.

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