En fechas recientes, un grupo de miembros de la farándula han suscrito un manifiesto cuya finalidad declarada es “impedir por todos los medios” que partidos de la derecha puedan alcanzar el poder en España. No se trata de intelectuales en el sentido riguroso del término, sino de artistas del cine, la música, el teatro y la canción, no precisamente autores con producción académica o del pensamiento político estructurado. Se trata de un vulgar panfleto, mal redactado, muestra de sectarismo oportunista con falso membrete de manifiesto. Resulta patético conocer las biografías de quienes tratan de erigirse oráculos de una sociedad supuestamente ignorante; ¿a quienes representan?, ¿Qué autoridad moral o intelectual le acompañan?
Lo preocupante no es que tales figurantes expresen libremente sus opiniones, derecho que ampara nuestra Constitución de 1978, sino que lo hagan bajo una pretensión de autoridad moral y con un objetivo profundamente antidemocrático: evitar la alternancia política, piedra angular del régimen democrático. En una democracia liberal los partidos de distintas ideologías deben poder gobernar. La alternancia no es una anomalía, sino el indicador más saludable de un sistema democrático que funciona.
Resulta cómico que muchos de los firmantes; actores, actrices, guionistas, directores de cine , teatro o cantantes de rock, etc. se consideren herederos del pensamiento crítico del siglo XX, cuando en realidad ninguno alcanza la categoría ni la libertad de pensamiento necesario, ignoran su propia irrelevancia nada comparable con aquellos intelectuales íntegros ;Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Azaña, Marañón, Giner de los Ríos, Julián Marías y recientemente Fernando Savater , Victoria Camps, Carmen Iglesias o Antonio Garrigues , todos ellos pensadores conocidos y respetados que aportan profundidad de pensamiento, formación y compromiso cívico. Hoy, sin embargo, estos firmantes habituales se encuadran en una legión disciplinada y homogénea subida a un podio de cartón para propagar un pensamiento único ejerciendo de subvencionados genuflexos al poder establecido. Nada que ver con los intelectuales y pensadores cuya permanente labor social consiste en la crítica constructiva y enfrentarse si fuera necesario al poder establecido, ajenos a las prebendas.
Cabe preguntarse también por qué motivo estos firmantes no aluden a los múltiples ejemplos de pacifica alternancia que ha vivido España desde 1.978; UCD, PSOE, PP, otra vez PSOE. Las únicas incidencias del orden constitucional nunca han provenido de la derecha democrática, sino de la extrema izquierda aliada del separatismo golpista catalán o del entorno de la banda terrorista ETA. Y, sin embargo, este manifiesto no dedica una sola línea a cuestionar las cesiones del actual Gobierno a esos sectores con una amnistía claramente anti -constitucional pese al empeño del Lavadero de Ropa Sucia; Pumpido y Asociados. Tampoco se menciona que muchos de los firmantes del manifiesto son beneficiarios directos de subvenciones públicas: ayudas al cine, a la música, a las artes escénicas. No es ilegítimo que reciban apoyo institucional, pero sí lo es omitir ese conflicto de interés al alzar la voz en defensa del Ejecutivo que les beneficia. Pedro Sánchez ha cimentado su mandato en una red clientelar que premia lealtades perrunas más que méritos objetivos.
Finalmente, resulta inadmisible el silencio de estos firmantes respecto a la factura política que Sánchez ha debido pagar a los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder. La condonación parcial de deuda y el Cupo de Cataluña es la ruptura del principio de unidad fiscal y la creación de privilegios autonómicos que suponen una vulneración flagrante del principio de igualdad entre españoles. Quienes viven en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o Murcia están siendo discriminados por un Gobierno que, lejos de garantizar la cohesión territorial, la socava por puro cálculo parlamentario.
Es motivo de mofa leer entre los firmantes algunos lameculos en el sentido literal y otros en sentido metafórico, acompañados por políticos condenados por corrupción que defraudaron a los trabajadores y empresas andaluzas 680 millones de euros. Lo de Ana Belén y Víctor Manuel huele a armario viejo, ropa usada y casposa. Y el llorón profesional, Pedro Almodóvar, moqueando por amor a Pedro, preocupado que otro gobierno pudiera levantar alfombras; el y su hermano aparecieron en la lista de españoles con empresas “off shore” en Panamá, algo relacionado con los impuestos. También aparecen periodistas envilecidos que abjuraron de su profesión y señalan acusadoramente a quienes, ejerciendo el periodismo, han logrado destapar la trama de corrupciones que ha surgido al calor de este gobierno, una Organización Criminal según el Tribunal Supremo. Para este grupo tan bien engrasado de dinero público las garantías jurídicas de este Alto tribunal debieran estar supeditadas al poder político, tal que en las autocracias bolivarianas. Las piezas encajan en este charco de mierda que se extiende hasta los más recónditos escondrijos donde repasan sus cuentas corrientes muchos de estos firmantes.
