Cuánto estiércol cabe en la mochila de un presidente? La respuesta podría condicionar la continuidad de una democracia. Los fracasos de la degradación política señalan que quien vive atrincherado en la soberbia y la complicidad de más de un millón de beneficiarios y corruptos no tiene otro objetivo vital que el poder. Y en ese propósito es improbable reconocer un gramo de decencia en una mente colonizada por la corrupción mental. Menos aún de dignidad, porque la dignidad no parece compatible con la naturaleza de quien gobierna aquella vieja Nación. Los sucesivos hechos que muestran la actualidad nacional no admite matices, ni respuestas evasivas. No son un episodio más en la crónica negra de la política española, estamos ante una grieta estructural en el edificio democrático del Estado. Cuando varios altos cargos del partido en el Gobierno, un ex Ministro, personas de la máxima confianza del presidente del gobierno y de su Vicepresidenta y ministros son enviados a prisión, el fiscal General del Estado es inhabilitado por prevaricación y la guardia civil ha comenzado una redada de detenciones de ex altos cargos socialistas, el problema ya no es la corrupción. El problema es el colapso moral de la política institucionalizada. La descomposición del poder. Los penúltimos casos apuntan a una bancada de acosadores sexuales y presuntos latrocinios como señal de un poder sin límites. Alcalde, concejales, presidente de la diputación, y como culmen el compañero Paco Salazar (“bragueta loca”), paseaba con la cremallera bajada en la Presidencia del Gobierno, todo un símbolo del espíritu feminista del PSOE. También una persona de toda confianza de María Jesús Montero, Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, recolocado expresamente en la empresa Servinabar, el centro del huracán. Empresa que investiga la UCIO y participada por Santos Cerdán y Antxón Alonso, detenido por la guardia civil junto a Lady Cloacas conocida también como la fontanera del PSOE. Antxón, socio de Santos Cerdán que apunta a las entrañas del caso de mordidas cuyo alcance comienza a conocerse. Este es el balance del sanchismo y su gobierno “progresista” “feminista”, “regeneracionista”, etc. Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, Vicente Fernández, no eran simples peones, eran piezas estratégicas del sanchismo. Nombramientos personales, ejecutores de confianza, engranajes de una maquinaria política y económica a la sombra del poder. Y como colofón, el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el propio presidente, inhabilitado por un delito de prevaricación y destrucción de pruebas. Es el Sr. Lobo de Pulp Fiction, llegado para limpiar el crimen y no para castigarlo.
Que el partido del Gobierno no solo no haya asumido responsabilidades políticas ante esta sucesión de hechos gravísimos, sino que los silencie, los minimice y los relativice, es una forma de complicidad activa. Y esa complicidad ya no se limita a individuos, sino que mancha a la propia estructura del poder ejecutivo. La tolerancia activa frente al delito es una forma de corrupción sistémica. El silencio institucional en perfecta sincronía con medios informativos y periodistas sin título dóciles al poder con olor a cloacas que aún defienden a los condenados encarcelados e investigados.
Con esta mancha de corrupción extendida no se ha producido la dimisión del Gobierno, ni explicaciones convincentes. No ha habido asunción de responsabilidad. El silencio del presidente Sánchez es ya un grito que retumba como una confesión muda. El andamiaje institucional podría mantenerse corroído por la corrupción; es preciso controlar el relato, la Fiscalía, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Y ahí radica el peligro fundacional del sanchismo; cuando el relato suplanta a la verdad, la justicia se convierte en un adorno, y la democracia se convierte en simulacro. La ejemplaridad, hay que leer a Sócrates, no es una virtud decorativa en política, es una obligación. Es el principio rector que permite que el poder sea legítimo, que la ley tenga autoridad moral, que la sociedad no se convierta en una selva. Un gobernante no puede justificar su permanencia si la desfachatez y soberbia no se contienen con la virtud y la ejemplaridad pública, cualidades imprescindibles en un gobernante realmente democrático.
Lo que está en juego no es un cambio de gobierno, sino la propia idea de democracia constitucional. España vive una situación inédita; altos cargos del poder ejecutivo en prisión, un fiscal general del Estado procesado, una amnistía diseñada para borrar crímenes, y un presidente del Gobierno que no comparece en el Parlamento ni da explicaciones públicas. En cualquier democracia liberal europea provocaría una dimisión inmediata o una moción de censura. Aquí no. Aquí la respuesta institucional es el encogimiento de hombros y el grito coral de los lacayos; “¡ultraderecha!” con Garzón de tenor y Lola de soprano. Cuesta creer que el “partido de la regeneración” se haya convertido en la guarida de una banda organizada dedicada a la delincuencia. Queda por ver el final de esta singladura cuyo incierto futuro amenaza la democracia española.
