En 1938, mucho antes de que acabase la Guerra Civil, Franco ya estaba preocupado por la construcción o reparación de viviendas, para aquellos españoles que la habían perdido por causa de los bombardeos de la Aviación, del impacto de proyectiles de Artillería o de los incendios provocados por ambos; o por los desalmados y rabiosos perdedores que destruyeron y quemaron cuanto encontraron a su paso en su huida. Por eso ese mismo año se creó el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, para poder ofrecer un techo a todos los españoles que habían perdido su vivienda, o que nunca la tuvieron. Este organismo recibió varias modificaciones a lo largo del tiempo en cuanto a su estructura y sus competencias; también tuvo distintos nombres. Para realizar la construcción de estas viviendas se creó en 1939 una Dirección General de Arquitectos, poniendo al frente de ella al Arquitecto Pedro Muguruza. Ese mismo año se creó también el Instituto Nacional de la Vivienda; como consecuencia de esta multitud de competencias y dependencias, el resultado no fue el deseado. No obstante, se construyeron algo más de 4 millones de viviendas, que los propietarios pagaron en su totalidad, en un plazo no superior a los 10 años sin demasiados problemas.
Pero llegó la democracia y en 1978 los españoles nos dimos una constitución, que algunos pensamos, que con ella quedaban cerradas todas las heridas de la guerra de un bando y otro. Borrón y cuenta nueva. En los últimos años desgraciadamente hemos visto que no ha sido así. Los partidos de izquierdas y ultra izquierda han empezado a desenterrar muertos, pero con cuidado de que fuese solamente en las cunetas de la izquierda. El equipo que nos gobierna, en los últimos años se ha transformado en un nido kafkiano de mentirosos, ladrones, trileros y traidores cuya única preocupación es mantenerse en el poder. En los años que llevan gobernando, no han hecho absolutamente nada pensando en la clase trabajadora o en los empresarios. Diariamente compran votos al precio que sea, sin miseria; lo pagamos todos los españoles.
El artículo 47 de nuestra Carta Magna dice lacónicamente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada…” este artículo no concreta si se trata de una vivienda en propiedad, alquilada o gratuita. Tampoco habla nada del poder adquisitivo de los usuarios. Todos es todos, como diría la ministra. Por otro lado, esta responsabilidad de proporcionar vivienda a todos los españoles, tampoco se detalla si compete a Ayuntamientos, Comunidades o Ministerio de la Vivienda. El resultado de esta falta de precisión es que no se construyen viviendas sociales para todos los que las necesitan. El artículo 47 se lo han tomado los ocupas al pie de la letra y se apropian de una vivienda en mejores condiciones que las que ofrece la Constitución, ya que en muchos casos se trata de viviendas amuebladas y con las ventajas de que los gastos de energía eléctrica, agua y tasas del ayuntamiento corren a cargo del propietario.
Los españoles nos hemos acostumbrado a ver al Fiscal General del Estado, pronunciando el discurso de apertura del año judicial, estando imputado, como algo natural. También los españoles nos hemos acostumbrado a ver a la esposa del Presidente, a su hermano, ministros más allegados etc. todos ellos imputados por presunto tráfico de influencia con ánimo de lucro, desviación de dinero etc. como algo natural que no afecta para nada al inquilino de Moncloa. Esos más de cien millones de euros, que bien colocaditos en varias maletas, deambularon la noche de autos por el Aeropuerto de Barajas, bajo la mirada atenta de un ministro, disfrazado de búho, nunca sabremos el motivo, destino, ni el porqué de este trasiego millonario. Ábalos no se inmuta y este verano se le ha visto frecuentemente disfrazado de hawaiano, descansar en las playas del levante almeriense.
Independiente de la pertenencia o simplemente simpatía por cualquiera de los partidos del panorama político español hay una gran verdad relativa a la vivienda, que debería unirnos a todos los españoles: no se pueden alojar en hoteles de tres y cuatro estrellas a inmigrantes, cualquiera que sea su procedencia, mientras haya un solo español que duerma en la calle, porque no tenga una vivienda digna donde cobijarse.
