Las negociaciones del equipo de gobierno municipal de Antas con las partes implicadas en el ‘caso Spancrete’ han supuesto un ahorro de más de 1,5 millones de euros al municipio, según ha explicado hoy en Pleno su alcalde Pedro Ridao. En concreto, de la cifra inicial a pagar de 2,916 millones a 1,4 millones. 

La desagregación de la deuda, notablemente reducida tras las gestiones municipales, sería 2,579 millones derivados de la sentencia, más IVA y más intereses, 123.459 euros de costas judiciales y 213.462 euros más de los honorarios del abogado que ha representado los intereses del ayuntamiento.

Ridao ha concluido que “es un día triste para Antas por la sentencia”, aunque “como alcalde, ha matizado, estoy muy contento y satisfecho por el trabajo realizado por este equipo de gobierno, por nuestro abogado, por el  personal del ayuntamiento en las negociaciones que han sido muy duras, a los  Servicios de Asesoramiento Económico de la Diputación Provincial de Almería, así como a  Cajamar y a Spancrete por el esfuerzo económico que han hecho a favor del pueblo de Antas y la buena predisposición a finalizar este problema”.

La firma del préstamo con Cajamar da por zanjado este dilatado pleito iniciado a finales de 1999. Ridao ha dado cumplida cuenta a la corporación tanto de las negociaciones como de la distribución de los pagos. Así, se pagarán 900.000 euros a Cajamar, 250.000 a la empresa Spancrete, 260.000 a la Agencia Idea de la Junta de Andalucía, la única parte que no ha accedido a rebaja alguna en la cuantía.

En total, 1, 41 millones de euros que se afrontarán con un préstamo de 1,40 millones suscrito con la propia Cajamar. El regidor también ha pormenorizado las condiciones de un crédito en el que, durante los dos primeros años, solo se pagarán intereses de 581 euros cada tres meses. Será a partir de entonces cuando el ayuntamiento deberá abonar de manera trimestral 35.298 euros en concepto de capital más intereses. En cómputo anual serán 141.194,60 euros durante 10 años.

Los dos años de carencia estipulados obedecen, según detalló el alcalde, a que “actualmente tenemos vivo un préstamo con el Banco Santander que viene de refundir dos existentes para pago a proveedores pedidos, uno en 2012 por un importe de de algo más de 1,4 millones y otro en 2013 de 270.573,06 euros”.  

“A día de hoy, especificó en su intervención, nos queda por pagar 621.997,15 euros, que, si todo va bien, se liquidará en mayo de 2023, fecha en que empezaremos a pagar el préstamo de Spancrete”.

Cronología de los hechos

El ‘Caso Spancrete’ tiene su origen en la venta de unos terrenos que el Ayuntamiento realizó a la empresa en el año 2000. Unos terrenos situados en el paraje conocido como Caballón y Campo de la Ballabona. El Consistorio en aquel momento presidido por el socialista Bartolomé Soler acordó el 26 de enero del 2000 la modificación del Inventario de Bienes Municipales, cambiándola calificación de los terrenos de comunales a patrimoniales, acordando su venta por concurso público, del que finalmente resultó adjudicataria Spancrete.

En julio del 2000 la empresa construye en esos terrenos una nave para fabricación aislada, de unos 240 metros cuadrados, otra nave auxiliar adosada, vestuarios, oficinas y laboratorio, además de la urbanización y el acondicionamiento de la zona.

En marzo de 2007, poco antes de las elecciones municipales, el Partido Popular demandó al Ayuntamiento de Antas impugnando el acuerdo del pleno por el que se acordó la modificación del Inventario de Bienes Municipales. Algo que para Pedro R. Zamora es “la decisión más dañina y perjudicial para el Ayuntamiento y todos los vecinos y vecinas de Antas en toda la historia de nuestro pueblo”.

El acuerdo plenario fue revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo de 2009. Spancrete no aceptó el cobro de lo que había abonado por las fincas, como propuso el Ayuntamiento, por lo que acudió a la justicia que le ha dado la razón y obliga indemnizar también por las obras realizadas