El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Antas a pagar una indemnización de 1.527.746 euros, más intereses legales, costas y gastos judiciales, a la empresa Paneles Aislantes Spancrete España S.A. por la venta irregular de unos terrenos en el año 2000. En total, unos 3,1 millones de euros.

En concreto, la indemnización fijada es de 120.202,42 de euros por la nulidad de la venta de fincas realizada por el Ayuntamiento a la empresa y otros 1.407.544,33 de euros en concepto de las obras realizadas por Spancrete en dichos terrenos. Así lo estima el Supremo en una sentencia con fecha 5 de febrero de 2020, por la que ratifica la de la Audiencia Provincial de Almería, de 27 de junio de 2017 que, a su vez, confirmó la sentencia dictada el 16 de mayo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Vera. Ante la decisión del Supremo no cabe recurso alguno.

Esta “desagradable noticia”, como la ha calificado el alcalde de Antas, Pedro R. Zamora, supone un duro varapalo para un municipio de poco más de 3.150 habitantes y 3,7 millones de presupuesto anual para 2020. La indemnización supone más de un 83,3% del presupuesto anual y un gasto de 992 euros por habitante, según las cuentas del equipo de gobierno.

20 años después

El ‘Caso Spancrete’ tiene su origen en la venta de unos terrenos que el Ayuntamiento realizó a la empresa en el año 2000. Unos terrenos situados en el paraje conocido como Caballón y Campo de la Ballabona. El Consistorio en aquel momento presidido por el socialista Bartolomé Soler acordó el 26 de enero del 2000 la modificación del Inventario de Bienes Municipales, cambiándola calificación de los terrenos de comunales a patrimoniales, acordando su venta por concurso público, del que finalmente resultó adjudicataria Spancrete.

En julio del 2000 la empresa construye en esos terrenos una nave para fabricación aislada, de unos 240 metros cuadrados, otra nave auxiliar adosada, vestuarios, oficinas y laboratorio, además de la urbanización y el acondicionamiento de la zona.

En marzo de 2007, poco antes de las elecciones municipales, el Partido Popular demandó al Ayuntamiento de Antas impugnando el acuerdo del pleno por el que se acordó la modificación del Inventario de Bienes Municipales. Algo que para Pedro R. Zamora es “la decisión más dañina y perjudicial para el Ayuntamiento y todos los vecinos y vecinas de Antas en toda la historia de nuestro pueblo”.

El acuerdo plenario fue revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo de 2009. Spancrete no aceptó el cobro de lo que había abonado por las fincas, como propuso el Ayuntamiento, por lo que acudió a la justicia que le ha dado la razón y obliga indemnizar también por las obras realizadas.“El pago de esta cantidad supondría la quiebra total del Ayuntamiento. No podrían pagarse las nóminas de los empleados, ni a proveedores por lo que no podrían seguir prestándose servicios públicos esenciales para los vecinos de Antas”, explicó ayer el alcalde en un acto ante los medios de comunicación.

Ahora disponen de tres meses para satisfacer la deuda. El equipo de gobierno ya ha expresado su intención de negociar de inmediato con las partes interesadas: la empresa, Junta de Andalucía, Seguridad Social y Cajamar, con quien Spancrete mantiene deudas por embargos).